Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado busca garantizar, por ley, que ninguna persona sea discriminada al solicitar servicios médicos por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género.
La propuesta adiciona un artículo 92 Bis a la Ley de Salud de Tamaulipas, que establece la prohibición expresa de negar, restringir o condicionar la atención médica con base en la diversidad sexual. La violación de esta disposición implicaría sanciones conforme al marco vigente en materia de salud y derechos humanos.
El proyecto también obliga a la Secretaría de Salud a capacitar y sensibilizar al personal médico y administrativo para asegurar una atención inclusiva, digna y libre de prejuicios hacia todas las personas, sin distinción alguna.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022), el 36.2% de las personas LGBTTIQ+ han sufrido algún tipo de discriminación en el sector salud, lo que limita su acceso a servicios preventivos y tratamientos oportunos.
La iniciativa señala que persisten barreras estructurales como el desconocimiento médico sobre procesos de afirmación de género, la estigmatización hacia personas con VIH y la falta de atención especializada para integrantes de la comunidad diversa.
El texto legislativo responde a compromisos internacionales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y a lineamientos de la OMS, que exigen garantizar el acceso universal a la salud sin exclusiones ni prejuicios.
También se advierte que las personas LGBTTIQ+ presentan tasas más altas de ansiedad, depresión y riesgo suicida, derivadas de la discriminación sistemática, lo cual subraya la necesidad urgente de protocolos médicos sensibles y adaptados a sus realidades.
Entre los aspectos críticos que identifica la propuesta están la falta de atención a personas transen sus procesos de afirmación de género, la escasez de servicios especializados en salud sexual y reproductiva, y el trato discriminatorio en clínicas y hospitales.
El nuevo artículo obliga a brindar servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento con enfoque de derechos humanos, igualdad y no discriminación, y prevé sanciones para instituciones que incumplan estas disposiciones.
