Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La polémica detención del delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar, ocurrida el pasado 22 de abril, ha escalado a los más altos niveles del gobierno federal. La propia presidenta Claudia Sheinbaum solicitó una investigación a fondo, tras la versión de que policías estatales habrían “sembrado” un arma y dinero en su vehículo.
El fiscal general del estado, Irving Barrios Mojica, informó que ya fue iniciada una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si existió alguna actuación indebida por parte de los elementos de la Guardia Estatal que participaron en el operativo.
El incidente ocurrió alrededor de las 11:50 de la mañana en pleno centro de Ciudad Victoria, sobre la calle 17 Francisco I. Madero. El motivo inicial de la detención fue que la camioneta en la que se trasladaba Aranza Aguilar coincidía con las características de un vehículo reportado como sospechoso ante el sistema de emergencias.
Aunque la vocería de Seguridad Pública aseguró que se trató de una revisión sin mayores consecuencias, fuentes extraoficiales revelaron que los agentes habrían localizado en el interior del vehículo una fuerte suma de dinero en efectivo y un arma de fuego, versión negada categóricamente tanto por el delegado como por las autoridades estatales.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum respaldó la versión del funcionario federal, al señalar que “el delegado negó portar cualquier arma o dinero” y acusó directamente a los elementos policiacos de haber colocado esos objetos para incriminarlo.
“El hecho es grave. Si hubo abuso de autoridad o fabricación de pruebas, debe sancionarse con toda firmeza”, expresó la mandataria, quien solicitó al gobierno de Tamaulipas actuar con transparencia y sin simulaciones.
Por su parte, el IMSS emitió un comunicado en defensa de Aranza Aguilar, destacando su trayectoria institucional y rechazando cualquier implicación en actividades ilícitas. La dependencia exigió que se respete el debido proceso y que se esclarezca cuanto antes la situación.
Con este giro inesperado, el caso ya no se limita a un operativo policial: se ha convertido en un tema de Estado, donde están en juego no solo reputaciones, sino también la credibilidad de las instituciones encargadas de procurar justicia y garantizar legalidad.
