Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Tamaulipas está a punto de estrellarse contra una crisis vial de proporciones mayores, y las autoridades, en lugar de frenar, pisan el acelerador. Las principales ciudades del estado —Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Tampico, Madero y Altamira— se han convertido en un caos sobre ruedas, con un parque vehicular que crece sin control y un número de accidentes automovilísticos que no deja de aumentar.
¿La causa? Una política pública mal diseñada y peor ejecutada: la nacionalización masiva de vehículos de procedencia extranjera, conocidos popularmente como “chocolates”. Lo más grave es que mientras se regularizan miles de unidades, ingresan otras tantas —o más— por la frontera sin que autoridad alguna levante la mano para impedirlo. El contrabando sigue tan vivo como siempre, y lo único que ha hecho el gobierno es abrirle la puerta… y la cochera.
El resultado está a la vista: un tsunami de vehículos, muchos de ellos en malas condiciones mecánicas, sin seguro, sin placas, sin registro y, a menudo, conducidos por personas sin licencia.
Regularizar sí, pero ¿y el freno al ingreso ilegal? ¿Y la infraestructura urbana? ¿Y la capacidad de respuesta de los municipios?
Lo más alarmante es que no existe una política pública integral que acompañe este fenómeno. No hay campañas serias de educación vial, ni medidas para mejorar el transporte público, ni incentivos para ordenar el crecimiento urbano. Es como si a nadie le importara que las ciudades estén a punto de colapsar entre el tráfico, el humo y los accidentes.
La estadística de siniestros viales en el estado comienza a reflejar la dimensión del problema. Casi a diario se registran percances en los que intervienen vehículos “chocolates”. La mayoría de estos casos queda impune, porque los responsables no tienen seguro, ni placas, ni documentos. El daño lo cargan las víctimas, mientras la autoridad mira hacia otro lado.
En el fondo, todo responde a una lógica electoral disfrazada de política social. El gobierno federal necesitaba ganar simpatías en el norte del país, y encontró en la regularización una forma rápida de hacerlo. Pero lo que parecía una medida popular, hoy se ha transformado en un problema de seguridad pública, movilidad urbana y justicia vial.
En cuestión de meses, las calles pasaron de congestionadas a intransitables. El transporte público sigue abandonado, los peatones corren cada vez más riesgos y la siniestralidad vial se ha disparado en niveles alarmantes. El gobierno presume cifras de regularización, pero guarda silencio ante los muertos, lesionados y daños materiales provocados por este desorden vehicular.
El problema no solo es real, sino que va camino a explotar. Las ciudades ya no aguantan más. La movilidad se ha vuelto una pesadilla diaria para miles de tamaulipecos. Y lo peor: cada día entran más “chocolates” de los que se nacionalizan, sin freno, sin control y sin estrategia de fondo.
Tamaulipas necesita una sacudida en su política de movilidad. Frenar el contrabando, ordenar el padrón vehicular, modernizar el transporte y priorizar la seguridad vial deben ser tareas urgentes, no promesas en papel. De lo contrario, el desorden se convertirá en tragedia. Y entonces, será demasiado tarde para ponerle frenos al desastre que hoy se está gestando.
ASI ANDAN LAS COSAS.
