Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
En Tamaulipas empieza a dibujarse con claridad un nuevo paradigma en el ejercicio del poder: el combate a la corrupción ya no distingue colores ni apellidos. Más de una docena de alcaldes y exalcaldes tamaulipecos, de todos los partidos políticos, están por vivir momentos difíciles.
Y es que, la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha reprobado sus cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023, y lo que sigue no será nada sencillo para ellos.
El caso es relevante, no solo por el número de implicados, sino por el perfil de varios de ellos. Entre los señalados figuran alcaldes y exalcaldes de los municipios más grandes e importantes del estado. Unos con mayores desvíos que otros, pero todos tienen algo en común: la ASE les detectó inconsistencias millonarias que no han podido justificar. Y el plazo para hacerlo ya venció.
Destacan los nombres de Mario, “La Borrega”, Lopez, exalcalde de Matamoros; Jesús, “Chucho” , Nader, el ex de Tampico; Abel Oseguera, ex edil de Madero; y obviamente, Carlos Peña Ortiz, de Reynosa.
La lupa de la auditoría no se limitó a un solo bando político. Hay panistas, priistas y, sí, también morenistas. Esto último rompe con una vieja costumbre que predominó durante años en la vida pública de Tamaulipas: la de castigar solo a los alcaldes incómodos o rebeldes con el gobernador en turno. Hoy, las cosas han cambiado. Ser del partido gobernante ya no es garantía de impunidad.
Desde el Congreso del Estado se ha repetido un mensaje con firmeza: el que la hace, la paga, sin importar siglas ni simpatías. Y al parecer no era solo retórica. Aquellos ediles que creyeron que el fuero informal de la afinidad política los protegería, están por descubrir que el sistema ya no tolera esas inercias. Ni la complicidad silenciosa, ni el manto de la omisión.
Nos aseguran que en breve, el auditor superior del estado, Francisco Noriega Orosco, revelará los nombres y montos con detalle. No serán pocos. Además de los alcaldes, también hay titulares de organismos públicos descentralizados en la misma situación: cuentas reprobadas, observaciones sin solventar y procesos legales en puerta.
La ASE ya prepara denuncias penales contra los responsables. No habrá más prórrogas ni pretextos. El mensaje institucional es contundente y saludable: el dinero público se respeta. Y quien abuse de él, tendrá que rendir cuentas, aunque antes haya gozado de privilegios o se haya sentido intocable.
La sociedad tamaulipeca observa con expectativa. Está cansada de escándalos sin consecuencias y de auditorías que no pasan del boletín. Si esta vez las acciones llegan hasta sus últimas consecuencias, será una señal poderosa de que los tiempos cambiaron para bien. Y, más importante aún, será una lección clara para quienes aún piensan que robar desde el poder es parte del juego.
Este proceso, sin duda, marcará un antes y un después. Si las sanciones se concretan y las denuncias prosperan, Tamaulipas estará dando un paso firme hacia la consolidación de un sistema más transparente, donde la ley no sea una herramienta política, sino un principio de justicia. Y eso, aunque incómodo para algunos, es lo mejor que le puede pasar al estado.
Que así sea.
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