Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal que fortalecen la protección del derecho a la intimidad, en particular ante el uso indebido de inteligencia artificial para la generación y difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
El dictamen que implicó la revisión de tres propuestas de distintos grupos parlamentarios, aprobó la regulación enérgica del uso de imágenes, audios o videos de contenido erótico o sexual, manipulados con inteligencia artificial, estableciendo sanciones claras para prevenir y castigar esta conducta.
El documento incluye modificaciones al artículo 276 Septies del Código Penal del Estado, agregando agravantes a la violación a la intimidad cuando se obtenga beneficio económico o no lucrativo de la difusión de contenido íntimo.
Estas reformas homologan la legislación local con el artículo 199 Decies del Código Penal Federal.
Sin embargo, los legisladores rechazaron la propuesta de tipificar como un nuevo delito la suplantación de imagen personal mediante inteligencia artificial, bajo el argumento de que esta conducta ya está contemplada en el artículo 263 Bis del Código Penal del Estado, que sanciona el robo de identidad cuando se usa para causar un daño patrimonial, moral o psicológico.
El análisis legislativo concluyó que algunas de las propuestas planteaban regular delitos que ya están tipificados en la legislación estatal.
Por ejemplo, la fabricación y difusión de contenido obsceno ya está penada en el artículo 190, fracción del Código Penal de Tamaulipas bajo el delito de ultrajes a la moral pública.
Asimismo, el Poder Judicial del Estado coincidió en la necesidad de armonizar la legislación local con la federal, pero señaló la falta de elementos en algunas propuestas para justificar la creación de nuevos tipos penales.
Los legisladores destacaron que esta reforma representa un avance en la protección de los derechos de la ciudadanía ante el auge de la violencia digital. No obstante, subrayaron la importancia de seguir analizando estos temas con profundidad, para evitar conflictos con principios constitucionales como la legalidad, la seguridad jurídica y el principio de no ser juzgado dos veces por el mismo delito.
