Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
A pesar de su importancia, no hay certeza de futuros levantamientos de la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria Privada de su Libertad, (Enpol), por parte del Inegi, acusó la organización no gubernamental, “México Evalúa”.
Lamentó el hecho, porque la Enpol permite tener una radiografía clara sobre la situación en los reclusorios y las características de quienes están privadas de su libertad.
Además de que sirve de base para la definición de políticas públicas sobre el sistema carcelario.
Detalló que la medición solamente fue realizada en 2019 y en 2021.
“A pesar de su relevancia para el estudio integral del sistema de justicia penal, no hay certeza de futuros levantamientos de esta encuesta. Desafortunadamente, solo existen dos ediciones de la Enpol: 2016 y 2021, y no hay información de cuándo será la próxima, porque su periodicidad es indeterminada. De hecho, la edición de 2021 es casi un milagro, pues se había anunciado su suspensión en 2019 debido a los recortes presupuestales del Inegi” señaló.
La Enpol incluye preguntas relacionadas a la experiencia del usuario desde el momento de la detención, hasta las condiciones de internamiento en prisiones, e incluso respecto a sus expectativas después de salir.
“Es decir, nos revela información sobre policías, ministerios públicos, defensores, jueces y personal penitenciario, desde el punto de vista de las personas justiciables en materia penal” precisó.
La encuesta recaba datos sobre la escolaridad de las personas recluidas y razones por las que abandonaron sus estudios. También, su padecen de enfermedades y si son atendidas en prisión, o si las personas han considerado el suicidio mientras cumplen con su pena y si tienen alguna adicción, entre otros aspectos.
La ong recordó que la Enpol surgió para dar cumplimiento a un mandato legal contenido en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Su propósito ha sido generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población privada de la libertad de 18 años y más, así como sus características sociodemográficas y socioeconómicas, antecedentes jurídico-penales y sus expectativas de salida.
“Estos datos no sólo son estadísticas: son la base para construir políticas públicas que respondan a un diagnóstico real del sistema penal en su conjunto” abundó.
Por todo ello, urgió al Inegi a reactivar la encuesta.
