Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Por incumplir su obligación de rendir su declaración patrimonial y de intereses, 15 exfuncionarios de la anterior administración estatal y 60 activos del actual gobierno, fueron inhabilitados por la Contraloría Estatal.
La titular de la dependencia estatal, Norma Angélica Pedraza Melo, explicó que algunos de los sancionados eran reincidentes en su conducta.
Aunque estaban en condiciones de rendir su declaración de forma extemporánea, no lo hicieron.
Las inhabilitación son diferentes en cada caso, pero el castigo va de tres meses a un año.
La cantidad de inhabilitados podría crecer porque de alrededor de 80 mil servidores públicos solo 67 mil han cumplido con la obligación establecida en la ley.
A pesar de ello, Pedraza Melo consideró que la cifra de trabajadores que rendido su declaración es muy importante, porque anteriormente solo cumplía esa responsabilidad el 30 por ciento de la burocracia.
El mayor número de incumplidos pertenecen a las secretarías de Salud, Seguridad Pública y Educación.
Los comisarios y titulares de órganos de control interno han estado enviado requerimientos y exhortos a los incumplidos para que hagan su declaración y eviten ser sancionados.
“Se les concede, en base a la ley, un periodo de 30 días para que aclaren, justifiquen el incumplimiento o presentar de manera extemporánea su declaración patrimonial y de intereses, no obstante no lo han hecho” dijo.
Cuando el servidor público no aclara o solventa la observación de los órganos de control, se le inicia una investigación administrativa por incumplimiento.
Muchas veces el trabajador no rinde su declaración patrimonial y de intereses porque no está familiarizado con los sistemas de computo.
