Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Argumentando que los municipios son autónomos, el Pleno del Congreso del Estado rechazó aprobar una iniciativa de decreto que buscaba prohibir que los edificios y bienes públicos fueran pintados con colores partidistas.
La acción legislativa promovida por la diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, planteaba adicionar el artículo 18 Bis a la Ley de Bienes del Estado y los municipios.
“La presente iniciativa tiene como objeto prohibir que los bienes del dominio público sean pintados con colores alusivos a algún partido político, a fin de que los recursos públicos sean utilizados de la forma más eficaz y eficiente posible”, señalaba la propuesta.
La diputada del PRI señaló que, existe mucha molestia de la sociedad cuando los gobiernos municipales y el gobierno del estado, inician una gestión destinando recursos públicos para pintar los bienes del dominio público, tanto los de uso común como los destinados al servicio público.
“Resulta burdo y además vergonzoso que empiecen a pintar con colores ligados a sus partidos políticos, las obras realizadas generalmente por otras administraciones, e incluso, que han sido gobernados por otros grupos políticos, queriendo agenciarse los logros o avances de otras administraciones y asociarlas o buscar que la gente los asocie con su gestión de gobierno” añadió.
Se refirió particularmente a la anterior administración panista, que inició pintando todo de azul.
“Tales situaciones son molestas para la sociedad, porque la gente sabe que esos recursos para pintar edificios, no provienen de una idea de darles el mantenimiento debido, sino que saben que lo hacen para anunciar la llegada al poder de su partido, lo peor del tema, es que a veces dichos colores no son nada agradables a la vista de esas obras, por el contrario, las hacen verse mal y pierden la identidad arquitectónica…”precisó.
Sin embargo, al dictaminar la iniciativa, la anterior Diputación Permanente, dominada por legisladores de Morena, consideró que la propuesta del PRI era improcedente pretextando que la Constitución y la ley otorgan a los gobiernos municipales “la facultad para crear normas jurídicas necesarias que permitan organizar la administración pública municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, así como asegurar la participación ciudadana y vecinal”.
Y añadió: “al establecer lo que se pretende en la reforma en análisis trastocaría la autonomía municipal que ha quedado referida con antelación, en virtud de que los Ayuntamientos cuentan con la libertad de pintar y dar mantenimiento a los bienes que les corresponde en cada una de sus jurisdicciones, además de poder establecer su identidad a través del color que ellos decidan, haciendo uso de su autonomía”.
