Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), emitió una recomendación a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para que impulsen reformas constitucionales y legales que protejan y garanticen los derechos de las personas trans.
La recomendación 42/2024 dirigida a las Cámaras de Diputados y Senadores, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), es para que reformen el artículo primero de la constitución mexicana y con ello impidan la discriminación de las personas trans.
Además, para que impulsen la creación de la Ley General de Acceso Integral a Derechos de Personas Trans.
Luego de acreditar violaciones a los derechos humanos en agravio de la población trans que habita, reside o transita por el territorio nacional, el organismo nacional resolvió que es urgente un nuevo ordenamiento normativo.
La recomendación se originó de la queja presentada, el pasado uno de febrero, por una diputada federal que reportó el hecho de que, tan solo en los primeros 30 días de enero pasado se registraron al menos seis asesinatos de mujeres trans en el país.
La CNDH precisó que, adicionalmente, personas pertenecientes a diversas asociaciones que defienden los derechos de la población trans, manifestaron que la falta de armonización legislativa a su favor repercute en esferas como son la salud, el trabajo, la vivienda y el acceso a la justicia, que atenta a la identidad, libre desarrollo de la personalidad y a garantizar el pleno goce de sus derechos humanos.
Expuso su preocupación de que, a trece años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ninguna de las legislaturas haya impulsado iniciativas de reformas constitucionales para garantizar el absoluto goce de derechos humanos, especialmente de aquellos grupos en condiciones de discriminación e históricamente vulnerados, como lo es la población trans.
“Ante estos hechos, la CNDH recomendó a las cámaras de Diputados y Senadores generar acciones tendentes a impulsar las siguientes reformas: al párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se incluya la identidad de género como una categoría sospechosa de discriminación; al artículo 73 de la Constitución mexicana para que el Congreso de la Unión cuente con facultades para legislar en materia de derechos de la población trans y al Código Penal Federal a fin de considerar la identidad de género como un agravante del delito de feminicidio.
“Asimismo, una vez materializadas las reformas constitucionales, se recomienda que se dictamine, discuta y, en su caso, se apruebe la iniciativa de Ley General de Acceso Integral a Derechos de Personas Trans” refirió.
