La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) celebró el envío al Congreso de la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos de pueblos indígenas por parte del Ejecutivo, pero advirtió que excluye diversos aspectos incluidos en el proyecto presentado al Presidente en septiembre de 2021, resultado de una consulta.
La iniciativa, entregada a la Cámara de Diputados el pasado lunes, plantea reformar el artículo 2 de la Constitución para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El reconocimiento les otorga el derecho a decidir, conforme a sus sistemas normativos y a la propia Constitución, «sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural».
En un pronunciamiento, ALDEA, que agrupa a 240 comunidades y organizaciones de 19 estados del país, consideró que es un paso en sentido correcto para resarcir una deuda histórica con las comunidades que, señaló, padecen desde la época de la Colonia el despojo de sus territorios, cultura e identidad.
«Les confiere plena personalidad y capacidad jurídica para ejercer su libre determinación y autonomía», apuntó.
«De igual manera, plantea avances para garantizar a las comunidades el derecho a la asignación y el ejercicio directo de presupuestos bajo criterios ‘compensatorios, equitativos, justos y proporcionales’.
La ALDEA destacó además el reconocimiento del derecho al consentimiento previo, libre e informado ante cualquier tipo de medida que pueda afectarles.
No obstante, advierte, quedaron fuera temas de suma relevancia que habían sido recogidos en la iniciativa consultada por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación y que le fue entregada al Presidente Andrés Manuel López Obrador por la tribu yaqui, en Vicam, Sonora, el 28 de septiembre de 2021.
«No se reconoció ningún aspecto relacionado con el derecho al territorio y a los recursos naturales, ni a la forma de titularidad colectiva de estos, siendo unos de los temas más desarrollados en los instrumentos internacionales. De esta manera sigue la condición de servidumbre que tienen los pueblos solo para acceder, y con «respeto», a otras formas de propiedad de la tierra, sin que puedan ostentar ellos la propiedad», detalló.
En tanto, indicó, el derecho a la libre determinación y a la autonomía sigue sometido al arbitraje de las entidades federativas que determinan de forma discrecional la característica de su ejercicio en cada estado.
En el caso de los sistemas normativos propios, agregó la organización, siguen estando subordinados al sistema de justicia del Estado mexicano y no se establece una relación de coordinación y diálogo entre los mismos. como se proponía en la iniciativa original.
«Es fundamental que la Cámara de Diputados rescate estos temas pendientes y los incorpore a la iniciativa presentada por el Presidente», demandó.
«ALDEA solicita a las y los legisladores su compromiso para la pronta aprobación de esta reforma trascendental apegándose a los temas y acuerdos adoptados dentro del proceso de consulta».
