Lejos de dar claridad, la metodología para depurar el registro de búsqueda de personas presentado por el jefe de gobierno, Martí Batres, dejó lugar a más dudas sobre su confiabilidad, señaló Omaira Ochoa, ex consejera del Consejo Ciudadano de Búsqueda de la CDMX.
El 29 de noviembre, a un día de que concluyera la gestión de los integrantes de ese organismo expusieron que habían sido borradas de las listas mil 275 personas, de julio a noviembre.
Ante la exposición de Batres, dijo Ochoa, quedaron más cuestionamientos.
Si bien sobre las personas que dijeron han localizado hay una prueba de vida, que es la presentación de una foto del reportado con el periódico en sus manos, la ex consejera indicó que no se sabe si hay un análisis de contexto de en qué condiciones desapareció y si no está aún atravesando por un delito o lo padeció.
En tanto no haya prueba de vida y no se constate que las personas ya están con su familia no se puede dar por hecho que están localizadas, refirió Ochoa, pues podrían estar siendo víctimas de un delito como en el caso de trata de personas en los que los mismos agresores dejan a las víctimas que hablen con su familia para que esta deje de buscarles.
Con eso se corre el riesgo de dar la sensación de que es un hecho que no están en riesgo y que se minimice el problema, dijo.
«¿Cuál es el objetivo de esta actualización del censo?», cuestionó Ochoa.
«Si la actualización está encaminada a construir política pública que se haga».
Sin embargo, es preocupante si se encamina a generar estadística que provoque que la opinión pública minimice la problemática, señaló.
