Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
“Seguimos esperando. Eso es lo que único que nos queda: seguir esperando”, afirma el presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (Uarnt), Agustín Hernández Cardona, en relación a la lucha de los agricultores del norte de la entidad, por lograr que los gobiernos, el federal y el estatal, les otorguen un apoyo económico para mejorar el precio de la tonelada de sorgo.
La voz del dirigente de la organización campesina más importante de Tamaulipas denota desánimo, como si cada día que pasa la esperanza de que
los apoyen se está diluyendo.
“Vamos a confiar en la promesa que nos hizo el secretario de desarrollo rural, Dámaso Anaya, en el sentido de que el gobierno del estado nos va a apoyar con un subsidio, además de insistir en las gestiones en las instancias correspondientes del gobierno federal” dijo.
Esta semana deben concluir las trillas de las casi 750 mil hectáreas sembradas en el ciclo Otoño-Invierno 2022-2023. En promedio se van a cosechar poco menos de dos millones de toneladas de granos. El 80 por ciento serán de sorgo y el resto del maíz.
La preocupación de los agricultores es justificada porque el precio de la tonelada de sorgo es de apenas 4,100 pesos, lo que no les permitirá ni recuperar lo que invirtieron. Por eso están demandando la ayuda del gobierno.
Las organizaciones campesinas buscarán una nueva reunión con los funcionarios estatales, pero lo harán hasta que concluyan las trillas.
“Ahorita estamos metidos de lleno en tratar de terminar las trillas porque hay pronóstico de lluvias para la semana próxima y eso nos puede paralizar los trabajos, algo que no queremos. Lo que queremos es que el grano ya esté en bodega para luego seguir negociando” señaló Hernández Cardona.
Los agricultores están tratando de negociar también con el gobierno del estado la implementación de un programa estatal de “Agricultura por Contrato”, igual al que funcionaba hasta antes del 2018 a nivel federal. Consistía en la compra de coberturas en la Bolsa de Chicago, lo cual les permitía a los productores tener garantizado un precio mínimo para su cosecha desde el momento de la siembra.
La cobertura la pagaban entre el productor y el gobierno.
“Con un programa como ese vamos a evitar que se repita lo que estamos viviendo actualmente” señala el presidente de la UARNT.
