Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Por insistir en su negativa de entregar a la Comisión de Vigilancia los expedientes de cuenta pública del ejercicio fiscal 2021, el Auditor Superior del Estado (ASE) , Jorge Espino Ascanio, fue multado con 10, 374 pesos.
Además, el funcionario recibió un plazo de 3 días para que cumpla con el requerimiento, o de lo contrario se le impondrá otro medio de apremio establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Los otros medios de apremio son: elevar la multa hasta por un monto de 207 mil pesos; arrestó hasta por 36 horas o el uso de la fuerza pública.
Será la Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado la encargada de hacer efectiva la multa a Espino Ascanio.
Así lo determinó, este martes, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, luego de que el Auditor incumplió nuevamente el requerimiento para que entregue 42 expedientes íntegros de cuenta pública del 2021 y aprobados el 30 de junio del 2022.
Al leer el acuerdo respectivo, el secretario de la comisión legislativa, explicó que a la fecha, Espino Ascanio solamente ha entregado 25 de los 42 expedientes que se le han requerido, y la mayoría de ellos han sido incompletos.
Los últimos cuarto los entregó este mismo seis de junio a través de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.
Para retrasar la entrega de los expedientes, el Auditor ha argumentado que en muchos de ellos existen todavía procedimientos de sanción y resarcitorios a pesar de que cuando entregó los informes de resultados señaló que estaban libres de observaciones.
También ha pretextado que la Auditoría Superior del Estado no está subordinada a la Comisión de Vigilancia porque tiene autonomía técnica y de gestión.
Sin embargo, el pasado 25 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación le resolvió en contra una acción inconstitucionalidad que había promovido basado precisamente basado en esa supuesta autonomía técnica y de gestión.
Los diputados de Morena presumen que Espino Ascanio se niega a entregar los expedientes porque en ellos hay evidencia de la corrupción cometida en la anterior administración estatal, la cual no fue documentada por la Auditoría Superior del Estado.
