El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, confirmó este domingo a la AFP el bloqueo de cuentas de parroquias de la arquidiócesis de Managua, que él dirige, en el marco de una indagación a diócesis católicas por lavado de dinero.
A mí me llamaron, me comunicaron de esa situación, pero de manera especial del bloqueo de las cuentas de las parroquias», aseveró el arzobispo Brenes.
Yo puedo responder por mis parroquias: nosotros teníamos nuestras cuentas y ahí prácticamente en eso están todas las colectas, las ofrendas que dan y en cualquier momento que se nos pida una información, pues la daremos. Pero es la única información que tengo», añadió.
La policía anunció el sábado una investigación en diócesis católicas por lavado de dinero con un presunto manejo ilegal de «fondos y recursos de cuentas bancarias» de opositores condenados.
Las pesquisas «llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis del país», según la policía.
Sobre las cuentas bloqueadas, Brenes afirmó que hay sacerdotes preocupados porque en ellas el gobierno del presidente Daniel Ortega deposita los fondos de subvención para las escuelas parroquiales y el bloqueo genera atrasos en pagos a los maestros.
Sin embargo, aclaró que «todas las parroquias están trabajando porque nuestro trabajo» es «la evangelización». «Nosotros seguimos adelante», afirmó.
La policía dijo que fue informada el 19 de mayo pasado de la «actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias que habían pertenecido a personas condenadas por traición a la Patria».
La entidad afirmó que las investigaciones son «parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en diócesis de distintos departamentos».
Según la policía, la Fiscalía General, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero confirmaron «los movimientos delictivos con fondos que, para la diócesis, han ingresado irregularmente al país».
Nicaragua endureció sus leyes y controles sobre opositores tras las protestas de 2018 contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones cuestionadas por la oposición.
Organismos internacionales han denunciado al gobierno de Ortega por sus medidas contra los opositores, entre las que se encuentran la expatriación, despojar de su nacionalidad a dirigentes, impedir el ingreso de críticos y proscribir a miles de organizaciones privadas y religiosas.
Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el gobierno de Nicaragua.
