Con una votación de nueve votos contra dos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el Decreto de reformas a las leyes generales de Comunicación Social (LGCS) y de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que integran la primera parte del llamado plan B de la Reforma Electoral.
Los ministros del Máximo Tribunal consideraron que se violaron el procedimiento legislativo y la discusión democrática, al momento de aprobar “con premura”, las iniciativas de ambas leyes.
Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf fueron las únicas que votaron en contra del proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán.
“El conjunto de vicios y yerros en la función legislativa son de tal magnitud, que acarrean como consecuencia lo que yo llamaría una perversión de las reglas democráticas” afirmó el ministro Luis María Aguilar Morales.
Durante la sesión se esperaba el sentido del voto del ministro Arturo Zaldívar, expresidente de la SCJN, luego de que en otras votaciones ha apoyado proyectos legales de la presente administración; sin embargo, también criticó la forma como aprobaron ambas leyes, en diciembre del año pasado.
“Me parece que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo, que afectaron grandemente y de manera determinante la deliberación democrática de las normas que se están impugnando”, afirmó el ministro Zaldívar.
El Pleno de la SCJN aprobó el proyecto de las acciones de inconstitucionalidad 23/2023 y sus acumuladas, promovidas por los partidos políticos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), diversos integrantes de la 65 Legislatura del Congreso de la Unión, el partido político Movimiento Ciudadano (MC) y el partido político del Estado de Jalisco “Hagamos”.
En ellas, se demandó la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las LGCS y LGRA, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de 27 de diciembre de 2022.
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