Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La próxima semana, “a más tardar”, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, comenzará a judicializar las primeras carpetas de investigación que implican a 120 exfuncionarios de la anterior administración estatal,incluyendo al exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
El titular de la fiscalía, Raúl Ramírez Castañeda, informó lo anterior al comparecer, durante poco más de una hora, ante la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, a cuyos integrantes les aseguró que “no habrá ni privilegios ni preferencias en el tratamiento de las carpetas de investigación”
Detalló que suman 47 carpetas de investigación iniciadas, desde el 4 de enero pasado a la fecha, por un total de nueve delitos, entre los que figuran coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencias, peculado y cohecho.
Se trata de indagatorias contra 120 exservidores públicos de distintas dependencias, entre ellas la Contraloría Gubernamental; Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Salud, Secretaría de Administración, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Educación, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Secretaría de Seguridad Pública.
También contra la subsecretaría de legalidad y la dirección de patrimonio estatal, entre otras dependencias.
“Se los anticipo: esta semana terminaremos la indagatoria y la próxima semana solicitaremos audiencias ante un Juez de Control para judicializar las carpetas” señaló.
Ante las acusaciones mediáticas y de funcionarios de la actual administración, de que la fiscalía a su cargo “no está haciendo absolutamente nada”, Ramírez Castañeda justificó la tardanza en la integración de las carpetas de investigación, con dos argumentos: uno, que las denuncias se han hecho escalonadamente, a partir del 4 de enero pasado a la fecha; y dos, que la Fiscalía solamente trabaja con un agente del Ministerio Público porque otros ocho renunciaron al inicio de la nueva administración estatal.
Además, dijo, la tarea de la fiscalía se dificultó desde que la Unidad de Inteligencia Financiera fue trasladada al ámbito de la fiscalía general de Justicia del Estado.
Reiteró a son esos factores lo que ha impedido dar mayor agilidad a la integración de las 47 carpetas de investigación iniciadas este año y otras 350 rezagadas de ejercicios anteriores.
Durante la comparecencia, el funcionario encargado del combate a la corrupción enfrentó una andanada de cuestionamientos por parte de diputados de Morena, como si se tratara de un interrogatorio en un juicio oral penal.
Incluso, los morenistas, Elipaleth Gómez Lozano, Humberto Prieto Herrera, Úrsula Patricia Salazar Mojica, Magaly Guillermina Deandar y Juan Vital Román, le preguntaron acerca de los beneficios que presuntamente recibió su hijo, Carlos Emiliano Ramírez Pizarro, al ser contratado como funcionario de la Universidad de Seguridad y Justicia y de la Secretaría de Finanzas.
También le reclamaron haber contratado como jefe de departamento en la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando fue titular de la misma, a quien era una de sus empleadas en su despacho de abogados de Reynosa, la cual solo cobraba, pero no asistía a trabajar.
Evidentemente molesto, Ramírez Castañeda aclaró que: “la reunión de trabajo es para aclarar el estado de la fiscalía y no para estos temas, pero como quiera le voy a responder: en el servicio público todo mundo tenemos derecho de invitar a personas de confianza, siempre y cuando tengan capacidad técnica y honradez”.
Respecto a su hijo, negó que haya ganado millones de pesos como funcionario público, como se ha difundido, y retó a los diputados a que se lo comprueben.
“Si acaso trabajó 12 meses en el gobierno y si le hayan un solo millón de pesos me comprometo a donarlo al DIF o cualquier instancia” prometió.
Urgió a los diputados a legislar para que la Fiscalía tenga autonomía plena, como ya lo han hecho cinco estados del país, porque eso facilita la tarea que realiza.
Además, dijo, los fiscales anticorrupción deben ser transexenales para garantizar su eficacia.
Al responder a un cuestionamiento sobre su trabajo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando una investigación suya derivó en el encarcelamiento del exgobernador, Eugenio Hernández Flores, respondió que: “jamás he inventado absolutamente a nadie. Si los involucrados se quejan son ellos los que adquirieron bienes o depositaron dinero en cuentas bancarias y fue por control judicial que obtuvimos los accesos a sus cuentas”.
