Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El ayuntamiento de Nuevo Laredo está cerrando la pinza en torno al exalcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, quien deberá comparecer ante un Juez de Control para la audiencia de imputación por los delitos de ejercicio ilícito de servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.
También serán imputados dos exsíndicos en la administración municipal del panista, y los representantes de la empresa, Inmuebles Gran Bulevar, que se encargó de la compra del terreno donde se construiría el World Trade Center.
De acuerdo a la denuncia que el ayuntamiento formalizó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el exalcalde y sus coacusados, se habrían confabulado para inflar el precio del predio, lo que les habría dejado beneficios por un monto estimado de 20 a 50 millones de pesos.
Cuidando en todo momento el debido proceso, el secretario del Ayuntamiento Juan Ángel Martínez Salazar, detalló, en conferencia de prensa, que la audiencia judicial a la que deberán comparecer los acusados se celebrará el 21 de marzo próximo.
Los hechos que se les imputan constan dentro de carpeta de investigación 028/2023. Luego de varios meses de indagatorias, la fiscalía obtuvo los datos de prueba necesarios para llevar a juicio a los involucrados.
Martínez negó dar detalles del caso y los aspectos legales que se están reclamando, “para no viciar el proceso legal ante las instancias legales”.
En caso de que los acusados no atiendan el citatorio del Juez de Control, podrían ser multados, y si reinciden el Juez podría ordenar su aprehensión.
El secretario descartó que el ayuntamiento, y en particular la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, esté interesada en llegar a un acuerdo previo para que resarzan el recurso al erario público.
“Si después, durante el proceso y frente al juez se propone una figura legal que corresponda a la reparación del daño, es otro tema y será otro momento” mencionó.
No obstante, aclaró que por separado existen al menos otras 85 carpetas de investigación contra Rivas y otros de sus excolaboradores, por presuntos desvíos económicos en las direcciones de tesorería, adquisiciones y obras públicas.
