Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La 65 legislatura local analizará una propuesta para castigar hasta con 10.5 años de prisión las penas contra la violencia familiar, cuando se cometa en presencia de menores de edad o la víctima sea un adulto mayor o persona impedida para defenderse.
Lo anterior, luego de que el Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa de decreto que busca reformar el artículo 368 Bis del Código Penal.
Los diputados pretenden, “fortalecer la justicia a favor de las mujeres víctimas de violencia familiar, así como por razones de género y combatir con mayor contundencia la la impunidad de los agresores”.
Entre los aspectos que se busca establecer en el Código Penal destacan los siguientes:
Aumentar la sanción inherente al delito de violencia familiar que esta establecido de seis meses a cuatro años de prisión, para fijarlo de dos a siete años de prisión. Y tratándose de menores de uno a cinco años de prisión, se propone que quede de tres a nueve años de prisión.
Establecer que la pena derivada del delito de violencia familiar aumentará en una mitad, en caso de que sea cometido en presencia de niños, niñas y adolescentes o familiares; así como, si la violencia familiar se realiza también contra adultos mayores o personas que no puedan resistir la conducta delictuosa.
Ampliar los alcances de los sujetos que cometen el delito de violencia familiar, incluyendo, además de los miembros de familia descritos en este, a la persona con la que se encuentra unida fuera de matrimonio, aún y cuando no hayan tenido hijas o hijos en común; o el hombre y mujer que vivan juntos como marido y mujer de manera pública y continua.
También pretende describir los tipos de maltrato establecidos en el tipo del delito (físico, psicológico, patrimonial, económico o sexual). Esto con el fin de darle mayor certeza jurídica y otorgarle elementos tanto al ministerio público como al juzgador para que apliquen con mayor eficiencia la ley y combatir la impunidad.
