Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
El principal mal del sistema de justicia no son sus carencias en recursos humanos o de infraestructura. Tampoco lo es el abismal rezago que enfrenta, precisamente a causa de ese déficit de personal y de equipamiento.
En realidad, el gran padecimiento del aparato de procuración e impartición de justicia es la politización. La influencia de los políticos para ladear la balanza de la justicia de acuerdo a sus conveniencias, es lo que descompone y genera la desconfianza que padecen agentes del Ministerio Público, Jueces y magistrados.
No puede haber confianza en un sistema de procuración de justicia cuando la instancia responsable de investigar y perseguir los delitos es utilizada por los gobiernos para presionar o deshacerse de adversarios políticos. Se construyen carpetas de investigación con datos de prueba falsos, con el único fin de encarcelar a quien estorba. De todo ello hay referencias de sobra en el pasado reciente.
Tampoco puede ser fiable un sistema de impartición de justicia si los jueces y magistrados deben recibir línea para dictar sus resoluciones.
Ahí están peor las cosas porque es absurdo exigirle imparcialidad a un magistrado que le debe el cargo al jefe del Ejecutivo.
Recordemos que algunos de los juzgadores de segunda instancia son propuestos por el gobernador, pero incluso en aquellos casos que compete proponerlos al mismo Poder Judicial o al Poder Legislativo, en realidad el que decide es el mandatario estatal.
Bajo esas circunstancias, ¿usted cree que habrá un Magistrado que se atreva a desatender una orden o sugerencia del gobernador para decidir un asunto de su interés? Por supuesto que no. Sería ir contra la lógica.
El tema cobra relevancia porque el inicio de un nuevo gobierno, como el que encabeza Américo Villarreal Anaya, es la oportunidad propicia para despolitizar y con ello dignificar el sistema de procuración e impartición de justicia.
Villarreal Anaya tiene frente a si la gran oportunidad de hacer historia, devolviéndole a los agentes del Ministerio Públicos y Jueces, la libertad y autonomía para cumplir con su responsabilidad de procurar e impartir de justicia de manera imparcial, objetiva y atendiendo como única línea la que mandata la ley y el derecho.
Desde luego debe haber un cambio inmediato en el sistema de designación de magistrados del Poder Judicial, para que sea a través de concursos de oposición en que los aspirantes demuestren capacidad y honorabilidad, y ya no por decisión, directa o indirecta, del jefe del Ejecutivo.
De esa forma, ningún magistrado se sentirá en deuda con nadie.
Es momento de que haya justicia de verdad en Tamaulipas, y para eso lo único que se requiere es que los políticos se mantengan al margen.
Si algún personaje o político se ve involucrado en hechos presuntamente constitutivos de delito, que vaya ante los tribunales y se defienda y que enfrente las consecuencias.
Es la única manera de que los tamaulipecos confiemos en la justicia.
Por eso insisto en que la decisión está en manos del gobernador en turno. Debe haber un mensaje claro y contundente, tanto hacia la sociedad como hacia los servidores públicos y la clase política en general, en el sentido de que habrá un respeto absoluto hacia las instancias de procuración e impartición de justicia.
Pero debe ser un compromiso cumplible. Ojalá lo entiendan así. Los tamaulipecos merecemos un aparato de justicia en el que podamos confiar plenamente. Es tiempo de liberar a la justicia.
EL RESTO.
DE REGRESO. – El secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Resendez Silva, se reincorporó a sus funciones luego de seis meses de ausencia.
Pudo regresar luego de que un Juez de Control canceló la medida cautelar que le impedía ejercer el cargo. Está acusado de participar en la privación de la libertad de un agente ministerial, golpeado y desarmado por escoltas del alcalde.
La pregunta es: ¿La resolución del Juez fue apegada a derecho o política?
ASI ANDAN LAS COSAS.
