Por Jorge Fernández Menéndez.
Ayer, el presidente López Obrador volvió a salir en defensa del subsecretario Alejandro Encinas y dijo que era un hombre honesto. Yo no dudo de la honestidad personal del subsecretario, pero sí de su juicio político y de la forma en que ha llevado adelante no sólo la investigación del caso Ayotzinapa, sino también las diferentes e importantes responsabilidades que ha tenido a lo largo de su vida política.
Encinas es un respetado dirigente político de la izquierda histórica mexicana, eso no se lo quita nadie, pero como funcionario público y como legislador ha tenido irresponsabilidades que son inadmisibles. En 2006 era jefe de Gobierno de la Ciudad de México cuando fueron las elecciones en las que López Obrador perdió ante Felipe Calderón. Andrés Manuel decidió entonces bloquear el Centro Histórico y el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Fueron muchos los compañeros de ruta del entonces candidato que se separaron o distanciaron de López Obrador por aquella decisión que fue costosísima para miles de capitalinos, en término económicos, comerciales, turísticos, de convivencia. El candidato perdedor decidió castigar la ciudad para protestar por un resultado electoral que no le favoreció.
El jefe de Gobierno interino de la ciudad era Alejandro Encinas, que había aspirado a ser el candidato, una posición que terminó siendo para Marcelo Ebrard. Ante el bloqueo no actuó como jefe de Gobierno, no protegió los intereses de la ciudad, actuó como militante y como colaborador activo del bloqueo. Fue un acto militante, pero, como gobernante, dañó a buena parte de sus gobernados.
En 2009, Julio César Godoy, medio hermano del exgobernador de Michoacán Leonel Godoy, fue electo diputado por el PRD, partido por el cual Encinas era coordinador de la fracción parlamentaria en San Lázaro.
El PRD sabía, desde antes de las elecciones de julio de 2009, cuando Godoy fue elegido diputado, de las pruebas que existían en su contra por su relación con el cártel de la Familia Michoacana, y en particular con su líder, Servando Gómez, La Tuta. El PRD y el gobernador Godoy decidieron mantenerlo como candidato a pesar de haber tenido acceso a las pruebas que existían en su contra, que le habían sido presentadas con anterioridad por las propias autoridades federales.
Pasada la elección y presentada la orden de aprehensión, Godoy se dio a la fuga, protegido por el partido y el gobierno local, que nunca hizo nada por localizarlo. Un año después, decidieron que era hora de darle fuero y en una operación vergonzosa, donde participaron los integrantes de la bancada perredista en San Lázaro, lo metieron a la Cámara de Diputados en forma clandestina, dentro de la cajuela de un automóvil, y estuvo un par de noches durmiendo en las oficinas del coordinador parlamentario, Alejandro Encinas. De allí Encinas lo llevó al pleno y le tomaron protesta como diputado para darle fuero parlamentario y que no pudiera ser detenido. No sólo eso: Godoy fue incorporado de inmediato, por indicaciones de Encinas, nada más y nada menos que a la Comisión de Seguridad de la Cámara baja.
Fue hasta que comenzó el proceso de desafuero en la sección instructora y cuando se divulgó públicamente una larga y explícita grabación de Godoy con La Tuta que su situación comenzó a desmoronarse. Pero esa grabación no era la única: había otras 48, muchas de ellas más comprometedoras que la escuchada públicamente, además de otras pruebas testimoniales que hundieron a Godoy. Con todo, la bancada y el partido operaron para que pudiera huir antes de que fuera desaforado. No hemos vuelto a saber de Godoy Toscano.
Ahora, con la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa, el subsecretario Encinas, literalmente, inventó un informe sin datos verificados, inculpó a distintos exfuncionarios, a un general de la República y a otros militares con pruebas que el propio grupo de expertos internacionales del GIEI descalificó. Son las famosas capturas de pantalla, a partir de las cuales Encinas construyó la tesis del crimen de Estado y con la cual acusó a mandos militares de estar detrás del asesinato de los jóvenes estudiantes.
Aquí dijimos, desde que se divulgaron esas capturas, que no eran verídicas. No lo eran por muchas razones, comenzando por algo evidente: el diseño de WhatsApp no era en 2014 el que se mostraba en las mismas, y los diálogos ahí presentados no sólo no resultaban siquiera verosímiles, sino que, además, se contradecían con otros plenamente verificados, como los que había proporcionado la DEA de las conversaciones entre sicarios de Guerreros Unidos esa noche (desechados por Encinas). Eran pruebas prefabricadas que alguien en abril pasado le entregó a Encinas y que éste verificó con peritos, pero que igual utilizó para su informe de agosto. Hoy la exigencia es saber quién le entregó esas pruebas prefabricadas, falsas, quién las fraguó e, incluso, qué responsabilidades recaen sobre Encinas al utilizarlas públicamente e incluso ocultarlas al Ministerio Público.
No dudo de la militancia partidaria de Encinas, pero en 2006 no fue honesto con la ciudadanía capitalina, en 2010 engañó al Congreso para darle fuero a un hombre ligado con el narcotráfico, y en 2022 construyó, sin pruebas, el informe de uno de los crímenes más dolorosos de las últimas décadas. Como funcionario público es, por lo menos, un irresponsable.
