Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Dentro del sistema de justicia penal acusatorio, el índice de impunidad en Tamaulipas es del 93.4 por ciento, por encima de la media nacional que se ubica en el 91.8 por ciento.
Así lo revela la organización no gubernamental, “México Evalúa”, al presentar el resultado de su investigación, “Hallazgos 2021. Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”.
De esa manera, Tamaulipas se ubica en un grupo de 23 entidades que superan el 90 por ciento de impunidad.
“El índice refleja la falta de atención, investigación y/o resolución de los casos conocidos por la autoridad, ya sea porque no se ha logrado un acuerdo reparatorio, no derivaron en alguna salida anticipada o porque se encuentran sin sentencia” detalló.
En secuestro, extorsión y desaparición, la impunidad es del 100 por ciento; en robo simple, del 99.9 por ciento; en violación, del 99.6 por ciento; en homicidio doloso y violencia familiar, del 99 por ciento; en feminicidio, del 90 por ciento; y en narcomenudeo, del 83.7 por ciento.
Dentro de su investigación, “México Evalúa” presenta cinco alternativas para mejorar el sistema de justicia penal.
Una de ellas, es implementar una instancia coordinadora de las instancias del modelo de enjuiciamiento penal, con facultades para exigir a las distintas áreas información confiable y que diseñen y den seguimiento a política públicas compartidas.
También propone reducir las asimetrías institucionales que actualmente afectan en mayor medida a las defensorías públicas, asesorías victimales y unidades de medidas cautekares y servicios previos al juicio. Que se les mejores sus sueldos y fortalezcan sus propios equipos de investigación y de servicios periciales para no ser dependientes de lo que determine cada ministerio público.
“En cuanto a la arquitectura institucional de las fiscalías, se recomienda profundizar y sensibilizar en las entidades federativas sobre las implicaciones de la autonomía, para evitar replicar el modelo federal. En cambio, se proponen discusiones a fondo que les permitan construir fiscalías que sirvan a la ciudadanía, no obedezcan a intereses políticos, articulen con otros actores investigaciones eficientes y persigan delitos en tribunales” detalló.
Para eficientar la etapa procesal, propone eliminar los formalismos que la burocratizan y entorpecen, facilitar la recepción de la denuncia; aprovechar al máximo el uso de las salidas alternas; revisar la tipología de casos que se están quedan en archivo temporal o no ejercicio de la acción penal para proponer soluciones de mayor calidad y fijar metas para aumentar la judicialización de casos.
Por último, la ong señaló que, es preciso definir políticas internas e interinstitucionales que contribuyan a reducir la congestión del sistema de justicia pero a la vez propiciar un mejor uso de los recursos.
