Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
En todo juicio o proceso, hay dos tipos de verdades: una, la verdad legal, que es aquella que se documenta o prueba en el expediente; y dos, la verdad real, que es la que realmente existió.
Así, cuando un Juez resuelve un asunto, lo hace en función de lo que aportaron las partes dentro de la contienda litigiosa. Su sentencia, se basará en los elementos probatorios que tuvo a su alcance, y nada más.
En consecuencia, la resolución de un Juez será siempre la verdad legal. En esas circunstancias, un fallo a favor o en contra, depende siempre de la habilidad de las partes o sus abogados para demostrarle al Juez su verdad.
Llevando esa teoría al ámbito electoral, y particularmente al caso del PAN vs Morena, en el juicio de revisión constitucional electoral 101/2022, del que conoció y resolvió, éste miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, habría que decir que, lo que decidieron los magistrados electorales fue la verdad jurídica del litigio.
En función de los elementos probatorios que les allegaron, los magistrados concluyeron que la elección del pasado cinco de junio fue valida, y ratificaron la constancia de mayoría que acredita a Américo Villarreal Anaya, como gobernador constitucional de Tamaulipas.
Pero, ¿cuál es la verdad real?
¿Existió o no financiamiento e injerencia del crimen organizado a favor de Américo Villarreal Anaya? ¿Obligó la columna, “Pedro José Méndez”, a los electores del treceavo distrito electoral a votar por el candidato de Morena? ¿Hubo fallas en la cadena de custodia de la documentación electoral?, son preguntas para Morena.
Al PAN habría que preguntarle: ¿Mintió dolosamente para afectar y desprestigiar la imagen del doctor Villarreal Anaya? ¿Falsificaron los panistas los reportes de agencias de Estados Unidos para construir acusaciones de transferencias millonarias a favor de un hijo del candidato morenista? ¿Sembraron evidencias con el único afán de anular la elección?
Son esas, y más interrogantes las que se quedarán sin respuesta, porque, le insisto, existen dos verdades: la real y la legal.
Los siete magistrados electorales ya dijeron que el PAN no aportó evidencias suficientes para probar la participación e influencia del crimen organizado en la elección por la gubernatura, y tampoco acreditaron que existiera violencia generalizada que incidiera en la votación.
Es decir, la Sala Superior ya expuso su verdad legal. ¿Será la misma que la verdad real? Eso, insisto, solamente lo saben las partes en pugna.
EL RESTO.
REGAÑIZA. – Por cierto, la magistrada electoral de la Sala Superior, Janine Madelin Otalora Malassis, le puso una regañiza a sus pares del Tribunal Electoral de Tamaulipas.
Lo menos que les dijo es que son deshonestos y carecen de probidad, y todo porque, en su opinión, hicieron un pésimo trabajo al resolver la impugnación panista contra el resultado de la elección del cinco de junio.
“Es grave la falta de probidad del Tribunal Electoral de Tamaulipas, al resolver medios de impugnación planteados. Sus conductas ilegales no tienen cabida. Incumplen sus obligaciones para conducirse con honestidad y probidad” acusó.
La verdad, qué pena.
AUSENTES. -La sesión de la Diputación Permanente, programada para este jueves al mediodía, fue suspendida, sin explicación de por medio. Preguntamos las razones y la nueva fecha para sesionar, pero nadie supo informar en el Congreso del Estado.
No se trata de un asunto menor, porque en esa sesión se convocaría al Pleno legislativo para la plenaria que marcará el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, misma en la que se le tomará protesta a Américo Villarreal Anaya, como gobernador constitucional del estado.
Es claro que, los panistas andan más que decididos a continuar la “guerra” contra Morena y el gobernador electo.
ASI ANDAN LAS COSAS.
