El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó dejar sin efecto, por segunda ocasión, una orden de aprehensión en contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por su vinculación en el caso de la compra irregular de la planta chatarra de fertilizantes de Agronitrogenados.
La resolución ordena a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, por incurrir nuevamente en la falla de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo que se le concedió a la indiciada.
En ese amparo concedido se le ordenó al Juez de Control fundar y motivar la orden de captura, además de resolver si Fiscalía General de la República (FGR) justificó el argumento de la necesidad de cautela para el libramiento de la misma.
Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal revocaron la resolución de la juez Octavo de Distrito en Materia Penal, Luz María Ortega Tlapa, quien dio por cumplida la sentencia de amparo.
Por lo tanto, se ordenó al juez de Control Zúñiga Mendoza sin efecto o insubsistente la orden de aprehensión y, con plenitud de jurisdicción dictar una nueva resolución.
En la resolución se estableció que el juez de control cumplió con lo ordenado en el amparo, concedido por la juez Ortega Tlapa, pero “incurrió en los mismos vicios al emitir la nueva resolución, ya que invocó argumentos que no se desprendían del escrito de petición de la orden de aprehensión”.
También, el Tribunal Federal indicó que le corresponde a la FGR la carga de justificar frente al juez la necesidad de cautela de la persona, ante los escenarios del riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia; de que se ponga en riesgo a la víctima, al ofendido, a testigos o la comunidad; o bien, se ponga en peligro el desarrollo de la investigación.
En el caso de Agronitrogenados, la FGR investigó a Gilda Susana Lozoya, por una supuesta transferencia de tres millones de dólares, de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), que vendió la planta a Pemex, a una cuenta de la que era beneficiaria.
El monto se realizó en transferencias bancarias, entre junio y noviembre de 2012, y que supuestamente se usó para la compra de una residencia en la colonia Lomas de Bezares, ahora puesta a disposición como reparación del daño.
