Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, le cedió a Morena el control de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, al determinar que será la mesa directiva, en funciones hasta el pasado 30 de junio, la que ejercerá esa representación, pero en contraparte declaró válidos 181 decretos aprobados en la plenaria celebrada ese mismo día, entre los que figura el que amplía las facultades a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que asuma tareas de seguridad pública.
Aunque la resolución de la Sala Regional es impugnable ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, debe ser acatada de inmediato.
En sesión ordinaria, celebrada esta tarde, el Pleno de la Sala Regional con sede en Monterrey, avaló parcialmente la sentencia dictada el pasado 29 de agosto, por el Tribunal Electoral del Estado, con la que invalidaba la Diputación Permanente presidida por el panista, Félix Fernando García Aguiar, y a la vez anulaba alrededor de 181 decretos aprobados en la sesión legislativa del 30 de junio, que se prolongó hasta la madrugada del uno de julio.
La resolución de la instancia federal se dio en dos sentidos: por un lado, confirmó la parte de la sentencia del Tribunal Electoral de Tamaulipas que invalidó la Diputación Permanente , para que asuma esa función la mesa directiva que estaba integrada por la panista, Imelda Sanmiguel Sánchez, como presidenta, y los morenistas, Marco Antonio Gallegos Galván y Gabriela Regalado Fuentes, como secretarios.
Por otro lado, desechó el criterio de los magistrados electorales de Tamaulipas, de anular también los decretos aprobados en esa misma sesión ordinaria del 30 de junio, y por lo tanto los declaró válidos y vigentes.
Además de las reformas a la Fiscalía de Justicia del Estado que le cede facultades del secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública, quedan firmes los dictámenes de decenas de cuentas públicas aprobadas; la designación del Consejero de la Judicatura local, Ángel Wallle García; y el que dio facultades al gobernador para designar a los gerentes de las Comapas
El magistrado, Ernesto Camacho Ochoa, ponente del proyecto, consideró que, existió competencia del Tribunal Electoral del Estado para resolver el tema de la Diputación Permanente, porque aun cuando se trata de un asunto de naturaleza parlamentaria, se violentaron derechos políticos-electorales de los diputados de Morena que impugnaron el acto.
En ese sentido, dijo, es admisible la resolución que determinó que es la mesa directiva que estaba en funciones la que debe fungir como Diputación Permanente, porque la ley del Congreso así lo establece, cuando se dan dos empates seguidos en la elección del órgano legislativo, tal como ocurrió ese día.
“Esto incluso fue reconocido por la propia presidenta de la mesa directiva, porque hasta proporcionó los nombres de quienes deberían integrar la Diputación Permanente” indicó.
Sin embargo, Ochoa Camacho difirió de la parte de la sentencia del Tribunal Electoral de Tamaulipas, que invalidó los decretos aprobados en esa misma sesión ordinaria, porque no se trata de asuntos en materia electoral y por lo tanto la instancia jurisdiccional no estaba legitimada para anularlos.
“No existe un solo criterio de los 32 tribunal electorales estatales, ni de las cinco Salas, ni de la Sala Superior, en que se hubiera avanzado para considerar los actos de aprobación de leyes, cuentas públicas, exhortos, o nombramientos de consejeros de la judicatura, como actos con un matiz político electoral, porque no hay precedente y porque además en el sistema jurídico mexicanos hay un camino para conocer de ese tipo de controversias” detalló.
Por lo tanto, insistió, el Tribunal Electoral del Estado no debió anular todos esos decretos.
“No estamos decidiendo si están bien o no esos decretos aprobados, sino lo que decimos es que el Tribunal Electoral no podía revisar ese acto y por lo tanto existió una actuación fuera del ámbito electoral” abundó.
La ponencia fue apoyada por la magistrada, Claudia Valle Aguilasocho, al considerar que el Tribunal Electoral de Tamaulipas se excedió en sus atribuciones al anular los decretos aprobados luego de la elección de la Diputación Permanente.
“Estas leyes son actos que no tienen naturaleza electoral y por lo tanto no podría pronunciarse el Tribunal Electoral” refirió.
A su vez, la magistrada, Elena Ponce Aguilar, votó en contra del proyecto, porque estimó que no se violentaron derechos políticos-electorales de los diputados, ya que todos tuvieron oportunidad de votar.
Por lo tanto, dijo, el Tribunal Electoral del Estado no debió intervenir porque no estaba dentro de sus competencias.
La misma Sala Regional desechó otros dos juicios políticos de protección de derechos políticos electorales. Uno de ellos, fue el promovido por el consejero de la judicatura local, Angel Walle García, quien argumentaba falta de competencia de los magistrados electorales del estado para anular su nombramiento.
El desechamiento se dio porque, al declarar validos todos los decretos aprobados el 30 de junio, entre ellos el que lo designó Consejero, quedó sin materia su queja.
El otro juicio era promovido por el diputado presidente de la Diputación Permanente, Félix Fernando García Aguiar. Fue desechado porque como autoridad responsable estaba impedido para interponer el recurso.
Sobre la denuncia por violencia política de género, presentada por la coordinadora de la bancada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, la Sala Regional determinó que debe acudir ante el Instituto Nacional Electoral (INE) o la Fiscalía Especializada.
