Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Después de más de seis años de haber sido aprobada por el Congreso del Estado la Ley para el Registro y Acreditación de los Agentes y Profesionales Inmobiliarios, este jueves fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el reglamento respectivo.
En la edición de este 15 de septiembre, aparece publicado el documento que contiene todas las disposiciones a que deberán someterse aquellos profesionales dedicados a la actividad inmobiliaria.
“El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que garanticen el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley para el Registro y Acreditación de los Agentes y Profesionales Inmobiliarios del Estado de Tamaulipas”, señala el artículo primero.
El reglamento prevé las obligaciones de quienes se dediquen a esa actividad, quienes deberán someterse a capacitación , actualización y profesionalización en materia de servicios inmobiliarios. Exige también la creación de un padrón de agentes inmobiliarios.
El 22 de junio del 2016, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la Ley para el Registro y Acreditación de los Agentes y Profesionales Inmobiliarios.
El objeto del nuevo ordenamiento fue reglamentar el ejercicio de la profesión y la actividad inmobiliaria, así como a los profesionales que se dedican a la misma.
“Los vendedores inmobiliarios han sido hasta ahora, un sector informal en la economía de Tamaulipas, por lo que el fin de esta Ley es regular las operaciones inmobiliarias, permitiendo dotar de garantías tanto a los compradores, como a los vendedores de inmuebles” detallaron los diputados al defender la ley.
Consideraron que al no existir un ordenamiento que rija a quienes se dedican a la actividad inmobiliaria, propicia que algunos intermediarios en bienes raíces cometen actos fraudulentos en contra del patrimonio de las personas y familias que solicitan sus servicios, o en su defecto, les dan una asesoría o información errónea y carente de sustento legal y técnico, lo cual deja al usuario en critico estado de indefensión de sus derechos, ante un posible acto que pueda generar responsabilidad civil o penal, por negligencia o falta de pericia del agente o asesor inmobiliario al intervenir en una negociación.
