Con los cuatro ministros de la Corte que votaron hoy en contra el proyecto de Luis María Aguilar, prácticamente la prisión preventiva oficiosa se queda como venía funcionando.
Es decir, mañana los seis ministros restantes únicamente cumplirían con el protocolo de fijar sus posicionamientos pero no les alcanzaría para que fueran ocho ministros que lograran anular la medida cautelar.
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Con un retraso de 46 minutos dio inicio la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos en México.
En el proyecto propuesto por el ministro Luis María Aguilar se argumenta que dicha medida cautelar debe ser analizada para evitar atropellos en las libertades y que se haga uso de ella sólo cuando los delitos sean verdaderamente graves.
Fue seguido por la ministra Yasmín Esquivel, quien se declaró en contra de la propuesta, ya existe una aprobación desde hace varios años por algunos congresos locales.
Incluso agregó que son necesarias pruebas e indicios para concluir que una persona esté o no implicada en un delito.
En la intervención de la ministra Loretta Ortiz se explicó que la prisión preventiva oficiosa tiene que aplicarse porque el máximo tribunal no tiene facultades para modificar la Constitución y compete a los órganos legislativos, y que ya había sido reformada desde 2019.
El ministro Alberto Pérez Dayán al comenzar su participación destacó que tocar el tema excede las funciones como tribunal constitucional porque no hay autorización que permita invalidar leyes secundarias como se plantea en este caso.
Sostuvo que eliminar la figura no puede basarse en tratados internacionales. “El tratado se debe a la Constitución, no la Constitución al Tratado”, argumentó.
Sin embargo, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue proclive al apoyar de eliminar la medida, aunque opinó que la interpretación de “oficioso” no está restringiendo ningún derecho individual que otorga el Estado mexicano, lo que derivaría en peligros y complicaciones, por lo que es necesario priorizar la sana división de Poderes.
Concluyó diciendo que la haciendo una balance general, es necesario tomar en cuenta la presunción de inocencia de los imputados hasta conocer la resolución de la presunta responsabilidad.
Para lograr la inaplicación de la figura judicial, tendrían que ser ocho ministros los que tendrían que votar a favor de la tesis presentada por el ministro promovente.
Como se recordará, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha expresado varías veces su rechazo a que la prisión preventiva oficiosa sea eliminada, porque advierte que significaría un pasaporte de impunidad para criminales.
Se levantó la sesión a la 1:57 con el compromiso de continuar mañana cediendo la palabra en primer lugar a los ministros Jorge Mario Pardo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y
Norma Lucía Piña.
