Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Con la asesoría de Santiago Nieto Castillo, la bancada de Morena acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para impugnar, por vía de acción de inconstitucionalidad, los decretos que aprobaron la integración de la diputación permanente, y que dieron a la fiscalía general de justicia tareas de seguridad pública que son competencia del poder ejecutivo.
En conferencia de prensa, la diputada, Úrsula Patricia Salazar Mojica, informó que, acompañada por los diputados Guillermina Magaly Deandar y Alberto Granados, asesorados por el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, acudieron , el jueves, ante la SCJN para impugnar los decretos aprobados en la sesión del Pleno Legislativo del pasado 30 de junio.
Se dijo confiada en que el máximo tribunal constitucional del país anulará las resoluciones del Pleno, impulsadas y aprobadas por el PAN , con el apoyo del PRI “y de dos diputadas traidoras”.
Acusó al PAN de estar violando sistemáticamente la ley interna del Congreso del Estado, “como si les perteneciera”.
La sobrina de presidente Andrés Manuel López Obrador, se quejó también de la cobertura mediática que se le dio a la asamblea parlamentaria, “en la que el PAN cometió todos esos atropellos”, porque los medios dejaron de lado lo abusivo.
Recordó que , además de las acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN, el grupo parlamentario de Morena también interpuso diversos juicios de defensa político electoral ante el Tribunal Electoral del Estado.
A la par de ello, fue interpuesta una denuncia penal contra el presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix Fernando García Aguiar, y la presidenta de la mesa directiva , Imelda Sanmiguel Sánchez, por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y coacción de servidores públicos, al haber extendido más de cinco horas la sesión plenaria y haber elegido una diputación permanente, a pesar de que ya había vencido el plazo para ello y era la mesa directiva quien debería ejercer esa tarea.
Salazar Mojica dijo que, también el gobernador electo, Américo Villarreal Anaya, presentó un juicio de defensa de derechos políticos electorales, por violación a su derecho de ejercer el cargo.
Dicha violación se materializa con el decreto que transfirió a la fiscalía general de justicia del estado el mando sobre el secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública y la unidad de inteligencia financiera y económica.
“Reiteramos nuestra decisión de seguir defendiendo en los tribunales lo que ganamos en las urnas y que estos prianistas nos quieren arrebatar” advirtió.
Y añadió
“Tamaulipas pertenece a todos no a una minoría rapaz que sólo ve al estado como un botín para enriquecerse” .
