Por Redacción.
Es la Auditoría Superior del Estado (ASE), la instancia competente para investigar presuntos desvíos económicos de los exalcaldes de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar y Arturo Sanmiguel, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Félix Fernando García Aguiar.
Por esa razón, dijo, consideró que la denuncia penal que autorizó el Cabildo de Nuevo Laredo carece de peso jurídico y no tiene posibilidades de prosperar.
Además, señaló, no existe todavía una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Los dos ex Presidentes Municipales de Nuevo Laredo y al menos cuatro ex funcionarios, están siendo señalados de peculado, particularmente por inflar la compra de un predio donde se iba a construir el World Trade Center.
El también coordinador de la bancada del PAN, señaló que el proceso administrativo debe realizarse bajo un procedimiento de defensa y respetando el derecho de audiencia si desde el Cabildo o el Ayuntamiento se está haciendo el señalamiento.
“La denuncia pública que hizo el Cabildo y no tiene sustento legal, toda vez que no hay denuncia legal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado”, detalló.
Reconoció que hay discrepancia sobre el precio del metro cuadrado del predio donde se haría la obra, ya que desde la administración de Enrique Rivas Cuellar se informó que el costo sería de 29 dólares pero se asegura que se compró en 40 dólares el metro cuadrado.
García Aguiar respaldo la administración que encabezó Rivas Cuéllar, también de extracción panista, y confío en que si existiera alguna observación, será la ASE quien tendría el derecho de poder actuar una vez que se hayan agotado las observaciones.
Cabe señalar que el Cabildo de Nuevo Laredo que encabeza Carmen Lilia Canturosas, detectó delitos sobre el presunto uso indebido de Atribuciones y Facultades, Peculado y los que resulten.
Debido a ello, se autorizó al director jurídico a formalizar una denuncia penal ante el agente del Ministerio Público.
Además de los dos exalcaldes, figuran como acusados Rafael N, recién nombrado presidente local del PAN; Dorina N, ex primer síndico; Jorge N, ex tesorero municipal; José Ramón N, ex contralor municipal y actual jefe de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado; y Santiago N, ex segundo síndico.
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión de la Verdad y Anticorrupción y la Dirección de Asuntos Internos, perteneciente a la Secretaría de la Contraloría Municipal, dichos personajes participaron en la compraventa de un predio al que se le fijó un precio basado en un avalúo que rebasa el doble del valor real.
Dentro de la carpeta administrativa 15/I/2022 se refieren a la compraventa entre el Municipio de Nuevo Laredo, Administración 2018-2021 y la persona moral denominada Inmuebles Grand Boulevard S.A de C. V., propiedad de José Luis Palos Morales y Rafael Pedraza Domínguez, respecto a un bien inmueble que se encuentra ubicado en la finca 96562, Polígono 1, con superficie de 110 mil metros cuadrados en el cual se pretendió construir un centro de convenciones (World Trade Center).
Desde el inicio de la administración, Contraloría habría informado sobre algunas irregularidades en esta transacción, ya que el valor por el que fue adquirida la propiedad sobrepasaba por mucho el valor real.
