Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Los 43 Ayuntamientos de Tamaulipas quedaron obligados a designar al menos el tres por ciento de su base laboral a la contratación de personas con discapacidad.
Así lo determinó el Congreso del Estado, al aprobar una iniciativa de decreto que reforma la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Código Municipal.
La acción legislativa, que fue impulsada por la diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, con la adhesión de la bancada del PAN y del diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gustavo Cárdenas Gutiérrez, destaca la urgencia de la reforma, debido a que las personas con discapacidad muestran tasas de actividad laboral en el sector público municipal, muy inferior a las del resto de la población y muy alejada a la del tres por ciento que otorga el Estado por ley.
“Esto supone una escasa participación de este colectivo en el mercado de trabajo del ayuntamiento. Es evidente que las personas con discapacidad encuentran mayores trabas para lograr un puesto de trabajo y que su empleo es de peor calidad, siendo éste un acto discriminatorio que atenta contra sus derechos laborales por su condición de salud” argumentaron las comisiones dictaminadoras.
En razón de ello, coincidieron con Cárdenas Castillejos sobre la necesidad de establecer la obligación de que los ayuntamientos designen al menos el tres por ciento de su base laboral a la contratación de personas con discapacidad, misma que estará determinada por la certificación de sus competencias respectivas.
“Esta acción busca coadyuvar a la superación de los obstáculos de origen que sufre este colectivo ya que a pesar de sufrir alguna discapacidad, la gran mayoría son capaces de llevar asuntos carácter municipal igual o mejor que el resto, por lo que el acceso a la función pública del ayuntamiento estará supeditado a los principios de mérito y capacidad para ingresar a la base laboral” indicaron los legisladores.
Pidieron no olvidar que la discapacidad ha dejado de ser un tema individual y exclusivamente de salud para comenzar a ser un tema colectivo, social y de derechos humanos en el que la actuación de las instancias gubernamentales de todos los órdenes juegan un papel fundamental para la eliminación de las barreras que impiden su plena inclusión.
