Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La senadora de Morena por Tamaulipas, Guadalupe Covarrubias Cervantes, presentó una reforma al Código Penal Federal para elevar de cinco a 10 años la pena de prisión para la portación ilegal de arma de fuego.
Actualmente, la ley establece un castigo de uno a seis años de prisión en el Código vigente. En este se establece dicha pena para quien, “porte, fabrique, produzca, comercialice, distribuya, transporte, importe, venda, almacene o acopie, sin un fin lícito o con la intención de agredir, instrumentos que puedan ser utilizados para el ataque o la defensa”.
Covarrubias advirtió que México enfrenta a una delincuencia organizada, que se ha fortalecido con el tráfico ilícito de armamento, sin embargo, no se ha actualizado el marco jurídico para propiciar un mayor control de armas.
Por ello, propuso que dicha sanción se incremente en una tercera parte cuando se trate de servidores públicos, a los que además se les aplicaría la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión público, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
Ante el incremento del tráfico de armas ligeras, la senadora consideró necesario que las conductas tipificadas en el artículo 162 del mismo ordenamiento sean catalogadas como delitos graves, con el propósito de erradicar la red ilegal de traficantes de estos productos.
Advirtió que los mexicanos enfrentamos a una delincuencia organizada vinculada a los altísimos niveles de corrupción, que se generaron durante los sexenios anteriores, tanto a nivel federal como estatal y municipal.
“Este tipo de delincuencia está sustentada en buena medida por el uso de armas de fuego modernas y que han provocado que estas organizaciones tengan un poder equivalente o superior al de las Fuerzas Armadas”, expresó Guadalupe Covarrubias en la iniciativa que fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
Recordó que, durante los últimos años, la frontera de México con Estados Unidos se ha convertido en un foco rojo en el tráfico de armas.
Sin embargo, no se han presentado reformas en el Congreso de la Unión para propiciar un mayor control de armas ilegales, por lo que actualmente se conservan las mismas conductas y sanciones establecidas desde que se expidió el ordenamiento penal.
Por esa razón, acotó, es necesario incorporar conductas que cubran esos vacíos en la norma, con el propósito de asegurar una adecuada procuración de justicia por parte de los fiscales, ministerios públicos, jueces y otras autoridades.
