Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La bancada del PAN desempolvó una vieja ley, que data desde hace doce años para interponer una acción de inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), en contra de la llamada “Ley Gandalla” o “Ley Zertuche”.
La Ley de Control Constitucional para el Estado de Tamaulipas, está vigente desde el 18 de marzo del 2010, pero nunca había sido utilizada, hasta ahora que los diputados panistas recurren a ella para denunciar la inconstitucionalidad del decreto 65-134, expedido por el Pleno del Congreso del Estado, el pasado 15 de febrero y publicado nueve días después en el Periódico Oficial del Estado (POE).
Es la primera vez en que se presenta una acción de inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ya que la vía recurrida ha sido siempre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De esa forma, deberán ser los magistrados locales quienes revisen los conceptos de invalidez expresados por los quejosos.
Los diputados del PAN demandan que : “de ser tildadas de inconstitucionales las normas impugnadas, también se invaliden todas aquellas porciones de la norma reclamada, que estén relacionadas, por cuestión de efectos. Asimismo, se dejen sin efecto aquellas acciones u omisiones generadas a partir de la vigencia y aplicación del decreto impugnado”.
El decreto, impulsado por Morena y aprobado solamente con sus votos y el de su aliado, el representante de Movimiento Ciudadano (MC), Gustavo Cárdenas Gutiérrez, contiene una serie de reformas a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, en su mayoría para limitar las facultades del presidente o presidenta de la mesa directiva, y establecer un procedimiento para destituirlo en caso de incurrir en causas graves.
Los panistas han asegurado que las reformas fueron hechas con dedicatoria a su compañera, Imelda Sanmiguel Sánchez, a quien el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Armando Sanmiguel Sánchez, amenazó públicamente con removerla del cargo.
En el escrito de demanda plantean violaciones a principios elementales como el de la publicidad de la norma, legalidad y certeza jurídica, y se violentan derechos básicos como el de audiencia y debido proceso.
Entre los artículos reformados por Morena está el 22, relacionado con las atribuciones de la mesa directiva. Con ello, se obliga al presidente a firmar en el salón de plenos, al término de la sesión, las resoluciones de la asamblea.
En el numeral 23, da facultades a los secretarios de firmas las resoluciones del Pleno, cuando el presidente de la mesa directiva se niegue a hacerlo.
Los morenistas también establecieron en el artículo 23 Bis, un procedimiento para remover a quien presida la mesa directiva, cuando incurra en faltas graves a la constitución o la ley.
Además, prohíbe que los asesores de los diputados se acerquen a la mesa directiva.
En lo que fue calificado como el peor absurdo de la reforma, los diputados de Morena establecieron en la ley que: “las y los diputados integrantes de la legislatura, dentro y fuera del recinto legislativo, así como en las distintas plataformas digitales y redes sociales, se abstendrán de difamar y menoscabar la dignidad del personal administrativo y de servicios parlamentarios que laboren en el Congreso del Estado.
