Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Congreso del Estado analizará una iniciativa de decreto para eliminar de la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (Ipsset), una serie de trabas para el goce de la pensión por fallecimiento en favor de los beneficiarios derechohabientes.
La acción legislativa es impulsada por el diputado de Morena, Javier Villarreal Terán, quien señala que las reformas son urgentes porque, bajo la ley del instituto violenta el derecho humano a la seguridad social de los burócratas y sus beneficiarios.
Enumeró cinco disposiciones que atentan contra los derechos de los trabajadores.
1.- Limitan el derecho de la concubina a ser beneficiaria de una pensión por fallecimiento, requiriendo tener que acreditar que tuvo hijos con el trabajador o pensionista, o haber vivido en su compañía durante los últimos cinco años a su muerte.
2.- Limitan el derecho del cónyuge o concubino a recibir una pensión por viudez, al exigir que sea mayor de 62 años, esté incapacitado para trabajar y dependa económicamente de la trabajadora o pensionada.
3.- Limitan el derecho del padre o madre y demás ascendientes en primer grado (que en la mayoría de los casos son adultos mayores) a recibir la pensión por ascendencia, también al hecho de que hubieran dependido económicamente del trabajador o pensionista durante los 5 años anteriores al fallecimiento.
4.- Niegan el derecho del cónyuge (independientemente su edad) a recibir la pensión por viudez, cuando el fallecimiento del trabajador o pensionista ocurre antes de 6 meses de celebrado el matrimonio.
5.- Niegan el derecho del cónyuge supérstite a recibir la pensión por viudez cuando contrae matrimonio con un trabajador o pensionista mayor de 65 años, pues solamente se actualiza tal derecho si transcurren cinco años desde la celebración del matrimonio.
“Con las modificaciones antes expuesta, esta soberanía pretende garantizar el derecho humano a la seguridad social y eliminar todo obstáculo que impida el acceso pleno de los tamaulipecos al otorgamiento de una pensión, evitando que los familiares derechohabientes tengan que reclamar el derecho que les asiste a través de instancias judiciales, mediante procesos que en la práctica resultan tortuosos, aunado a la afectación económica que implica el pago por la contratación de servicios jurídicos respecto de un derecho que se genera con el simple fallecimiento del trabajador o pensionista” indicó.
Los artículos a reformarse serán el 5, 38, 75, 76 Y 77.
