Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) durante los últimos tres años, ha quedado por los suelos, con un rezago institucional del 52% y con una disminución preocupante del 30 % en el número de investigaciones, denunció la organización no gubernamental, “Mexicanos Unidos contra la Delincuencia”.
Además de ello, no existe una definición clara de objetivos prioritarios, lo que ha llevado a que la mayoría de las acciones se hayan centrado en delitos de bagatela, mientras que los delitos vinculados con graves violaciones de derechos humanos y corrupción permanecen en la impunidad.
Por ejemplo, continúa procesando judicialmente, en su mayoría, casos de criminalidad común y no de criminalidad compleja. En 2020, 37% fueron delitos relacionados con portación de armas de fuego, 2.25% delitos fiscales, 1.97% delitos contra el patrimonio y 1.25% delitos relacionados con robo de hidrocarburos.
En el caso de tortura, en 2020 la FGR consignó 5 averiguaciones previas y judicializó sólo una carpeta de investigación por tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de un universo de más de 5 mil investigaciones en trámite.
Una consecuencia de todo lo anterior es que se redujeron en un 30% las investigaciones al pasar de 112,635 en 2018, a 78,463 en 2020.
“El nivel de impunidad federal se ubica en 95.1 % en casos de tortura y desaparición prácticamente roza el 100%”, advirtió la ONG.
Una de las causas de la deficiencia e ineficiencia en las tareas que tiene encomendada la FGR, es el hecho de que la mayoría del personal se encuentra bajo contratos temporales, lo que impide la consolidación de un servicio profesional de carrera y la autonomía de las y los fiscales.
“Eso merma la profesionalización y estabilidad de la institución, y también viola los derechos de las y los servidores públicos” indicó.
Del cierre del 2018 al cierre del 2020, el personal de la institución disminuyó en 10%, al pasar de 22,825 a 20,720, sin que estos cambios estén relacionados con alguna reestructuración que se haya dado a conocer públicamente.
“Estos ajustes incluyen una reducción del 37% del personal destinado al desarrollo de mecanismos alternativos para la solución de conflictos A lo anterior, se suman los cientos de despidos dados a conocer al final de 2021” precisó.
