Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Sin el aval del Partido Acción Nacional (PAN), el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no podrá interponer una controversia constitucional en contra de los vetos del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
Lo anterior porque, para usar esa ruta legal requiere de la firma de la presidenta de la mesa directiva, Imelda Sanmiguel Sánchez, de filiación panista.
De acuerdo con la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado, corresponde a quien preside la mesa directiva, interponer las controversias y acciones de inconstitucionalidad.
El artículo 22 del citado ordenamiento, en el que se establecen la atribuciones del presidente de la mesa directiva, contiene el “candado” que Morena no podría abrir sin el aval de la panista
El inciso “i”, refiere que, es atribución de quien preside la mesa directiva del Pleno, “Tener la representación legal del Congreso para rendir informes en juicios de amparo, actuar en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, e intervenir en cualquier litigio o acto jurídico, y delegarla en la persona o personas que resulte necesario”.
El martes pasado, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, Armando Zertuche Zuani, informó que están analizando la posibilidad de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para impugnar los vetos del gobernador del estado.
La bancada morenista ha insistido en que el PAN, con el apoyo de la presidenta de la mesa directiva, Imelda Sanmiguel Sánchez, manipuló la constitución y la ley del Congreso para dejar firmes los vetos de Cabeza de Vaca.
Aunque son siete los decretos vetados por el mandatario estatal, Zertuche señaló que el recurso de inconstitucionalidad se enderezará contra tres asuntos en particular: el relacionado con la reforma a la Ley de Hacienda que eliminaba el cobro de placas; el decreto que creo la Ley del Fondo de Capitalidad, y las modificaciones al presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2022.
“Nos asiste la razón, la justicia y la ley. Tenemos que dejar constancia de que este tipo de hechos no se repitan más” refirió.
Dijo que desde que fueron aprobados los dictámenes respectivos en el Pleno Legislativo, el Congreso del Estado disponía de 30 días para acudir ante el máximo tribunal constitucional.
“Todavía nos quedan unos 25 días” indicó.
