Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
VOTO FACTICO. – Aunque poco se hable de ello, tanto por las autoridades electorales como por parte de los dirigentes partidistas, la delincuencia organizada seguirá siendo un factor decisivo en la elección que viene en el 2022.
El partido del miedo, es decir, el del crimen organizado, ha influido siempre, de manera directa o indirecta, en el resultado de los comicios, y lo seguirá haciendo, porque no hay forma de que el gobierno y los árbitros electorales lo impidan.
Tal vez llegue el día en que las autoridades puedan acabar con ese voto factico, o voto de miedo, pero definitivamente no será el año próximo cuando los tamaulipecos vayamos a las urnas a elegir al próximo gobernador.
Para decirlo abiertamente, no hay forma de evitar ese fenómeno. Lamentable reconocer la realidad, pero así es. Quien lo niegue, o es ignorante o quiere tapar el sol con un dedo.
El hecho se hace más evidente en los municipios de la frontera, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, y en la zona sur del estado, donde la delincuencia organizada impone su ley.
En esas zonas del estado, los grupos criminales diseñan una estrategia para garantizar votos en favor del candidato de su preferencia.
La pregunta es: ¿Por quién votará la delincuencia? La respuesta es difícil de encontrar, pero seguramente después del cinco de junio lo sabremos.
NO HAY PLAZO QUE NO SE CUMPLA. – Como reza el dicho: “No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue”, y a los exfuncionarios de la anterior legislatura del Congreso del Estado se les están agotando los 30 días de que disponen para que aclaren las presuntas inconsistencias financieras, por 30 millones 200 mil pesos, que les imputa la 65 legislatura morenista.
Aunque el presidente de la Junta de Coordinación Política, Armando Zertuche Zuani, no precisó la fecha de vencimiento del plazo, nos dicen que está por vencerse.
Como ya se ha dicho, la principal obligada a aclarar el destino de esos 30 millones de pesos, es la exdirectora administrativa del Congreso, Ana Karen Pozos Zamarripa, actual directora de administración de la Contraloría del Gobierno del Estado.
El plazo también debe traer apurados a los actuales funcionarios del Congreso del Estado, porque llegará el momento en que deberán informar públicamente si habrá o no inicio de procedimientos sancionatorios contra los involucrados.
REVANCHISMO. -A raíz de la renuncia de María del Carmen Zepeda Huerta, a la titularidad de la Contraloría Estatal, la mayoría de quienes fueron sus colaboradores más cercanos han perdido su empleo, victimas del revanchismo que traía con la subcontralora, Elda Aurora Viñas Herrera.
Nos dicen que, tan pronto y asumió el cargo de nueva titular de la dependencia, Doña Elda ordenó la renuncia de directores y jefes de departamentos afines a Zepeda Huerta.
El hecho ha generado bastante inconformidad entre la plantilla laboral de la dependencia, sobre todo porque casi todos son padres de familia y tenían muchos años trabajando para el gobierno.
La molestia también se debe a que consideran una injusticia que, por pleitos ajenos ellos hayan perdido su fuente de trabajo.
¿Sabrá de eso el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca? Sino, que alguien le avise.
CALMA CHICHA. – En la víspera de las definiciones partidistas para elegir a los candidatos a la gubernatura, Tamaulipas vive una especie de calma chicha.
Repentinamente los ánimos políticos se tranquilizaron. Pareciera que los aspirantes se pusieron de acuerdo para bajarle a la intensidad de su activismo.
Sin embargo, desde adentro del PÁN y Morena, los cabecillas de las alianzas partidistas, se asegura que está por anunciarse la identidad de sus respectivos gallos para la gubernatura.
ASI ANDAN LAS COSAS.
