Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
“Escupen para arriba”, acusó el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Armando Zertuche Zuani, con respecto a la exigencia del PAN, de que se investiguen los vínculos de legisladores y alcaldes morenistas con el empresario reynosense, Sergio Carmona Angulo, ejecutado el pasado 22 de noviembre en Nuevo León.
Entrevistado antes del inicio de la sesión plenaria de este martes, el también presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que existen evidencias de que, desde el 2016 el gobierno del estado tuvo tratos con Carmona.
“Por eso es importante que cada quien asuma su responsabilidad y no que busquen echar la papa caliente para los lados. Por eso me parece desafortunado que, ahora sí como se dice, buscan escupir para arriba” señaló.
Y advirtió: “Si ellos (los panistas) siguen rascándole a este tema, pues va aparecer mucha información, de cómo trabajaron en el 2016 (con Carmona)”.
Señaló lo anterior al ser cuestionado sobre las declaraciones del coordinador de la bancada del PAN y dirigente estatal de ese partido, Luis René Cantú Galván, de que la denuncia sobre presuntos desvíos por 30 millones 200 mil pesos en la anterior legislatura es un distractor para quitarle la atención ciudadana al escándalo por el vínculo de Carmona con legisladores y dirigentes partidistas de Morena.
De acuerdo con denuncias periodísticas, Carmona fue financiador de las campañas políticas de diversos personajes de Morena, entre ellos el diputado federal, Erasmo González Robledo, y el actual alcalde de Morena, Eduardo Gattás Báez, quien incluso utiliza una camioneta Tahoe, de lujo y blindada, a nombre de una empresa de la que era copropietario el ahora occiso.
Zertuche explicó que la ley establece un tiempo de 60 días, después del proceso de entrega-recepción, para dar a conocer irregularidades detectadas, por lo que es simple coincidencia que el plazo haya vencido en estas fechas.
“Tengo mi conciencia tranquila. No puede ser un acto de desviar la atención porque es un tema de términos jurídicos de 60 días, y coincide con esta circunstancia” dijo.
Insistió en que la 65 legislatura solamente quiere cumplir con la transparencia y rendición de cuentas a la que está obligada, y que las anteriores legislaturas no respetaron.
