Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
En Tamaulipas 45 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio, denunció la diputada de Morena, Nancy Ruiz Martínez.
Lo anterior, al duplicar una iniciativa de decreto para crear un Registro Estatal de Deudores Alimentarios (Reda), igual a otra que presentó recientemente la legisladora del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos.
En la exposición de motivos, expresó que el problema es preocupante por las consecuencias psicológicas, económicas y sociales para los hijos.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Tamaulipas ocupó en 2019, el séptimo lugar de los estados que presentaron las mayores magnitudes en la relación divorcios-matrimonios.
En la exposición de motivos, expresó que el problema es preocupante por las consecuencias psicológicas, económicas y sociales para los hijos.
Además de ello, en Tamaulipas solo cinco de cada 10 personas son susceptibles de hacerles efectivo el descuento de una pensión alimenticia en su nómina, en caso de tener la obligación legal de proporcionar alimentos.
“El contexto anterior, sin duda dificulta el efectivo aseguramiento judicial de la pensión alimenticia decretada en favor de los acreedores alimentarios sobre los salarios y prestaciones que perciben los deudores alimentarios. Lo que representa un problema social, pues en el marco legal de Tamaulipas no existen los instrumentos adecuados para garantizar que los deudores alimentarios cumplan con su obligación de proporcionar los alimentos a sus acreedores oportunamente” detalló.
Debido a todo ello, la legisladora morenista propuso crear el Registro Estatal de Deudores Alimentarios, en el que quedarán inscritos quienes incumplan por un periodo de 60 días con su obligación de dar alimentos.
Quienes se conviertan en deudores alimentarios serán limitados en algunos derechos. Por ejemplo, para poder adoptar, el solicitante no deberá estar inscrito en el Reda.
Para lograr todo lo anterior, la iniciativa plantea reformas al Código Civil, al Código Penal, a la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, y la Ley de Adopciones.
