Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Mientras que a los estados y municipios le sigue regateando el presupuesto para la seguridad pública, en 2022 el Gobierno federal incrementará en un 70% los recursos para la Guardia Nacional (GN), lo que significa que seguirá apostando por la militarización del país.
La organización no gubernamental, “México Evalúa”, denunció lo anterior al hacer un análisis sobre el presupuesto de egresos para el 2022.
El año próximo, la GN recibirá 62.8 mil millones de pesos, lo que representa 26 mil millones de pesos más frente a lo aprobado para 2021.
Si se considera a la GN como una extensión del ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá un incremento del 80 por ciento en el presupuesto que manejará el año próximo. Dicho porcentaje se traduce en 74 mil millones de pesos.
En cambio, las transferencias federales destinadas a la seguridad pública local se quedarán sin apenas cambio con respecto a 2021, que suman 8 mil millones de pesos.
Este monto es inferior en 13 mil 600 millones de pesos a lo ejercido en 2016.
Además, por segundo año consecutivo no se plantea ningún fondo destinado a fortalecer la seguridad de los municipios con mayores índices delictivos.
“Hay que recordar que las transferencias federales para seguridad pública se incrementaron entre 2008 y 2015 con el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), y entre 2016 y 2020 con el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg). En algunos años también se impulsaron mediante convenios de descentralización del Programa Nacional para la Prevención del Delito (Pronafed)” detalló la ONG.
Precisó que, gracias a estos fondos, las transferencias para seguridad superaron los 21 mmdp entre 2013 y 2015.
“No obstante, a partir de 2017 desapareció el Pronafed y luego desapareció Fortaseg en 2021. Sólo quedó en pie el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), pero con recursos cada vez menores.
“México Evalúa” indicó que, la desaparición del Fortaseg para el ejercicio fiscal 2021, acabó por desmantelar las estrategias de fortalecimiento de la seguridad de los municipios más afectados por el crimen. Los recursos se destinaban a comprar patrullas, chalecos antibalas, uniformes, municiones, pagar controles de confianza de policía y equipamiento en general para las fuerzas de seguridad. Además, servían para la homologación policial, conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia.
