Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propuso crear una ley para proteger a testigos y denunciantes de actos de corrupción y delitos de alto impacto.
El diputado, Eliud Almaguer Aldape, dijo que el objeto del nuevo ordenamiento sería: “establecer normas, procesos y mecanismos que faciliten e incentiven la denuncia de actos de corrupción y delitos de alto impacto, susceptibles de ser investigados y castigados administrativa o penalmente, y para proteger a cualquier persona que, de buena fe, denuncie dichos actos o testifique sobre los mismos”.
La propuesta la hizo a través de una iniciativa de decreto que fue recibida por la Diputación Permanente.
En la exposición de motivos, refirió que las denuncias por actos delictuosos en Tamaulipas están muy por debajo de la media nacional, y el principal motivo es el miedo a represalias y a que se filtre información al abrir una denuncia penal.
Con la ley que se propone, dijo, podrán crearse programas y acciones de enlace de víctimas, denunciantes o testigos colaboradores con las dependencias de justicia, para establecer mecanismos de protección y privacidad de información con el fin de prevenir actos violentos y de corrupción que afecten la integridad del testigo, su patrimonio y sus condiciones laborales.
De esa manera, todos los denunciantes de actos de corrupción y delitos de alto impacto, por el hecho de serlo, contarán con medidas básicas de protección, entre ellas asistencia legal y reserva de su identidad.
En caso de que el denunciante sea un funcionario público se protegerán sus condiciones laborales, no pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de la denuncia.
“Esta protección será permanente y podrá mantenerse, a criterio de la autoridad otorgante, incluso con posterioridad a la culminación de los procesos investigatorios y sancionatorios a que hubiese lugar” detalla.
De ser el caso que el denunciante sea un ciudadano que no ejerce función pública, y sea sujeto de hostilidades en su centro de trabajo, recibirá asistencia legal a efectos de interponer los recursos necesarios que hagan valer sus derechos conforme a las normas laborales del sector privado.
Otras medidas de protección adicionales podrían ser que el denunciante se cambiado de su lugar de trabajo, protección policial y cambio de residencia u ocultación de su paradero.
