Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Con el respaldo de 26 ayuntamientos, la mayoría de ellos panistas, quedaron firmes dos iniciativas de reformas a la Constitución Política de Tamaulipas, una que garantiza medidas de seguridad y protección, cuando concluyan su cargo, al gobernador del estado, al fiscal general de justicia y a los secretarios general de gobierno y de seguridad pública; y otra que blinda el presupuesto para las instituciones de seguridad pública.
Durante la sesión extraordinaria del Pleno Legislativo, celebrada este lunes, la mesa directiva detalló los nombres de los municipios que dieron el respaldo a las reformas que habían sido aprobadas por el Congreso local el pasado diez de septiembre.
Se trata de los Ayuntamientos de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamente, Casas, Mante, Gómez Farías, González, Guerrero, Jaumave, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, Río Bravo, San Fernando, Soto la Marina, Tula, Valle Hermoso y Xicoténcatl.
Aunque hubo ayuntamientos que se pronunciaron en contra de la reforma, sus nombres no fueron revelados.
La diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Edna Rivera López, exigió a la mesa directiva presentar las actas de Cabildo de cada uno de los Ayuntamientos, donde conste que votaron a favor de las reformas.
Dijo que por obligación legal y constitucional, deben anexarse los documentos probatorios de que los Cabildos debatieron las reformas y el sentido de las votaciones de sus integrantes.
Si no anexan las actas de cabildo, advirtió, se estará infringiendo el orden normativo y constitucional.
Es la primera vez en la historia legislativa de Tamaulipas, que los Ayuntamientos participan en un procedimiento de reforma a la Constitución.
Las modificaciones y adiciones al numeral 19 Bis constitucional, han generado un polémico debate social, sobre todo aquellas que aprueban la protección al gobernador, al fiscal general de justicia y a los secretarios general de gobierno y de seguridad pública, para después de que terminen su cargo.
La iniciativa presentada por el priista, Florentino Sáenz Cobos precisa que la protección la recibirán durante el mismo tiempo que duraron en su cargo, y el periodo podrá ser prorrogable si las condiciones de riesgo lo ameritan.
La otra reforma que quedó firme crea un candado constitucional para impedir que la próxima legislatura pueda disminuir el presupuesto destinado para las instituciones de seguridad pública.
La adición aprobada señala que : “El Congreso establecerá en el Presupuesto de Egresos las partidas presupuestales correspondientes a las instituciones de seguridad publica del Estado, las cuales no podrán ser menores a las aprobadas en el ejercicio anual inmediato anterior”.
La reforma a la Constitución también incluye el fortalecimiento del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mediante el incremento de 5 a 7 consejeros.
