Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Congreso del Estado demandó al gobierno federal dejar de exigir a los transportistas la exhibición de la “carta porte”, porque con ello poneen riesgo la vida de los choferes del transporte.
De acuerdo con una iniciativa de punto de acuerdo, aprobada sin el respaldo del partido “Movimiento de Regeneración Nacional, (Morena), la “carta porte” es un documento fiscal digital que se emite para amparar el traslado de mercancías en territorio nacional y revela cada artículo que se transporta y su valor.
El complemento de Carta Porte, entró en vigor el 1 de junio de 2021 y será obligatorio 120 días naturales posteriores, siendo la fecha límite para su implementación a partir el día 30 de septiembre de 2021.
El documento debe ir anexado a los bienes o servicios que se traslada. Además de la descripción de los productos que se transportan, contiene información sobre la empresa propietaria, lo cual representa un riesgo para los empresarios del ramo y los choferes.
Por esa razón, la Diputación Permanente hizo un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reconsidere que la Carta Portevaya anexada a los bienes o servicios que se trasladan.
El diputado Francisco Garza de Coss, señaló que el simple hecho de que la carta porte forme parte de la carga que se transporta, es de mucho peligro para la vida de los operadores, ya que las carreteras del territorio nacional, carecen de la más elemental seguridad.
“Viajar con un documento que revele información sensible, pondría en riesgo la integridad física de los operadores, además la corrupción resulta evidente, ya que determinadas autoridades que patrullan las carreteras federales, tienen como objetivo principal extorsionar a los transportistas”, manifestó.
El legislador detalló que las multas por la no emisión del citado complemento, son sumamente altas, al grado de que, en caso de faltar alguno de los casi 100 datos que debe contener, el costo puede exceder el ingreso total del transportista por el servicio prestado, ya que van desde 17 mil 20 hasta 93 mil 330 pesos para personas morales, y lo que es peor, hasta la clausura preventiva del establecimiento.
