Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Con el voto en contra del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la Diputación Permanente dictaminó a favor una reforma que eleva a rango constitucional la protección personal al gobernador del estado y a tres funcionarios más, una vez que terminen su mandato.
Aunque ese derecho del mandatario a recibir seguridad ya está garantizado en la Ley de Seguridad Pública, la iniciativa dictaminada este jueves pretende dejarlo establecido en la Constitución local.
La acción legislativa, que fue presentada por el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Florentino Sáenz Cobos, y que deberá ser sometida a la votación del Pleno Legislativo en sesión extraordinaria este viernes, también otorga ese derecho a la protección personal, al secretario general de gobierno, al secretario de seguridad pública y al fiscal general de justicia del estado.
De acuerdo a la modificación que se le hará a la fracción primera del artículo 19 constitucional, la seguridad personal que se le dará al gobernador y los otros tres funcionarios, será por el mismo periodo de tiempo que duraron en su cargo, o incluso por un plazo mayor si la situación lo amerita.
La adición que se hará a la Constitución establece que: “Asimismo, con motivo de las funciones de su cargo es de interés público preservar la vida e integridad física de las personas titulares del Ejecutivo Estatal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, para lo cual el Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”.
Al defender la propuesta, Sáenz Cobos argumentó que el otorgamiento del beneficio no debe verse como un privilegio.
“Debe verse como una imperante necesidad de que cuenten con el mínimo resguardo por todas sus intervenciones en el ejercicio de su cargo” indicó.
El legislador de Morena, Eliud Almaguer Aldape, criticó la reforma porque a los dos anteriores exgobernadores se les quitó la seguridad personal.
“Mi opinión es que ese millonario gasto se podría dirigir a necesidades sociales” reclamó.
En defensa de la iniciativa, el panista y presidente de la Diputación Permanente, Félix García Aguiar, argumentó que esta administración estatal ha hecho frente a la delincuencia de alto impacto, por lo que es viable darle protección a quien ha salvaguardado los intereses de los tamaulipecos.
Además, dijo, entidades como Coahuila contemplan ese beneficio de forma vitalicia.
Joaquín Hernández Correa, del PAN, señaló que: “no es lo mismo entregar (al estado a la delincuencia) como lo hicieron otros exgobernadores, que proteger como lo ha hecho Cabeza de Vaca”.
