Por Redacción Noticentro.
CIUDAD VICTORIA, Tamps.- Un joven baleado por el Ejército Mexicano en Tamaulipas, quien perdió su mano izquierda y su brazo derecho, fue puesto en libertad luego del trabajo realizado por abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
Ulises “N”, estaba recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, de donde egresó el 30 de junio a las 23:55 horas, luego de que una Juez Federal aceptó la solicitud del IFDP de sustituir la pena privativa por una medida de seguridad.
De acuerdo a los antecedentes del caso, el joven fue detenido y vinculado a proceso en 2017 por el delito de Portación de Arma de Fuego previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Ulises, con escolaridad secundaria, creció en un contexto de pobreza, padre de dos hijos, y se desempeñaba como taquero y chofer. El día de los hechos, fue interceptado por elementos del Ejército Mexicano, quienes en diversas ocasiones detonaron sus armas contra el vehículo que conducía, lo que ocasionó daños irreversibles a su persona hasta dejarlo inconsciente.
En el hospital se percató que no tenía la mano de su brazo izquierdo y el brazo derecho se lo amputaron, situación que lo llevó a un estado de shock, sin tener conocimiento de que le imputaban hechos delictivos y en espera de llevar a cabo una audiencia para determinar su situación jurídica.
Se le impuso prisión preventiva y su defensa particular accedió a un procedimiento abreviado de tal suerte que le fue dictada sentencia condenatoria de 7 años, 5 meses y 6 días de prisión, la cual no se apeló.
Su permanencia en el centro de reclusión agravó las dificultades de su condición de discapacidad y deterioró su estado de salud física y emocional. Para realizar sus actividades básicas como comer, acudir al baño e higiene personal, requería del apoyo de sus compañeros de celda y no existían actividades de capacitación ni rehabilitación que le permitieran aprender y superar la condición de discapacidad en la que se encontraba.
Ante esas circunstancias, en 2018 el joven solicitó los servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en donde una vez analizado el caso, se advirtió que no se cumplían con los principios rectores de la reinserción, tales como el trabajo, profesión, capacitación, atención y salud a los internos; así como educación o actividades físicas; asumiéndose la representación para hacer efectivas las condiciones de dignidad de las personas con discapacidad y cumplir con la protección del derecho a la salud integral de las personas en reclusión.
El 30 de junio de 2021, se llevó acabo la audiencia para el desahogo de pruebas. Fue promovida por el defensor publico federal, Horacio Calcáneo Cabrea. La Juzgadora Federal estimó suficientes para acreditar la solicitud y con ello se logró la sustitución de la pena de prisión por una medida de seguridad consistente en permanecer bajo la vigilancia de la Dirección de Personas Sentenciadas en Libertad por el tiempo que resta de la pena.
