Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La tardanza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la resolución de las dos controversias constitucionales presentadas por el Congreso del Estado, deja indefenso a Tamaulipas y pone en riesgo el equilibrio del sistema federal mexicano.
Por todo ello, la Diputación Permanente aprobó una iniciativa de punto de acuerdo, para exhortar al ministro, Juan Luis González Alcántara, para que resuelva con prontitud las controversias 50/2021 y 70/2021, promovidas el 29 de abril y el 20 de mayo del presente año, respectivamente.
Al presentar la acción legislativa, el diputado panista, Joaquín Hernández Correa, dijo que la tardanza en la resolución de ambos recursos implica una denegación de justicia.
El exhorto aprobado exige al Ministro se pronuncie ya sobre la admisión de ambos asuntos y no se dilate más su trámite y respectiva resolución.
“La dilación en la admisión de ambas controversias es una denegación de justicia, ya que el conflicto constitucional que llevó a esta soberanía a presentarlas pone en peligro los equilibrios del sistema federal mexicano y deja en estado de indefensión al Estado de Tamaulipas” precisó.
Una de las controversias constitucionales presentada por el Congreso del Estado, busca que la SCJN se pronuncie con respecto al alcance del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución federal en materia de desafuero.
La ambigüedad del citado numeral generó un conflicto de competencias luego de que, el pasado 30 de abril. el Congreso del Estado desechó la declaración de procedencia de la Cámara Federal de Diputados que le quitaba el fuero al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
La otra controversia constitucional fue presentada contra la Fiscalía General de la República y el Juez de Distrito que libró la orden de aprehensión contra el gobernador , Francisco García Cabeza de Vaca.
A criterio de la legislatura local, la orden de aprehensión contraviene a la Constitución Política.
“El Poder Legislativo local determinó en su oportunidad, no homologar la declaración de procedencia aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo cual implica que el Gobernador del Estado mantiene su fuero y por lo tanto no se puede girar, ni ejecutar ninguna orden de aprehensión en su contra” detalló.
