Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La paridad de género es letra muerta en la mayoría de los Poderes Judiciales de los estados debido a la poca oportunidad que tienen las mujeres de participar en cargos relevantes, y el de Tamaulipas es uno de los peores casos en ese rubro, denunció la organización no gubernamental, “México Evalúa”.
“En algunos poderes judiciales la desigualdad es más acentuada que en otros. El peor de los casos es el de Tamaulipas…” detalló, al dar a conocer resultados de una investigación denominada, “La misoginia estructural en los Poderes Judiciales”.
Con relación a la máxima jerarquía jurisdiccional, la de magistradas y magistrados, el 35% del total de personas que ocupan la magistratura a nivel local son mujeres y el 65% hombres, lo cual significa que por cada mujer hay dos hombres ocupando el cargo.
Cabe aclarar que, “México Evalúa” sostiene que Tamaulipas no tiene mujeres magistradas, pero el hecho se debe a que la investigación se realizó antes de abril pasado, cuando el Congreso del Estado tomó la protesta como magistradas a Gloria Garza Jiménez y Omeheira López Reyna, y el 30 de junio lo hizo con María del Rosario Garza Hinojosa.
Pese a ello, de las 13 Salas con que cuenta el Poder Judicial de Tamaulipas (10 de número y tres regionales), solamente hay tres magistradas, mientras que en el Consejo de la Judicatura solo existe una mujer.
La ong advirtió que, además de la falta de paridad en el reparto de los cargos jurisdiccionales, otro lastre para los Poderes Judiciales es la discrecionalidad en los nombramientos, sobre todo en los cargos de presidente, consejero y magistrado.
“Los procesos de designación suelen caracterizarse por la discrecionalidad. Como lo hemos señalado en nuestro estudio “Independencia y buen gobierno de los poderes judiciales”, los procesos de selección de los presidentes e integrantes de los consejos de la judicatura no se realizan con base en criterios claros, transparentes y objetivos, que permitan designar el perfil idóneo” acusó.
Y añadió: “por el contrario, lo que suele prevalecer es la opacidad en cuanto al procedimiento que se sigue y a los criterios que se consideran para las designaciones. Además, la intervención del Ejecutivo y/o del Legislativo en los nombramientos de los consejeros y de las magistraturas en la mayoría de los estados les da una connotación política, y ha generado un riesgo de injerencia que en algunos casos ha implicado una vulneración a la independencia judicial”.
Ante el carácter discrecional y poco objetivo con el que se realizan muchos nombramientos para los cargos de más alto, para reducir la posibilidad de que las designaciones sean fundamentadas en criterios estereotipados.
