Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Durante el periodo enero-mayo del 2021, Tamaulipas ha registrado 25 masacres con 76 víctimas.
Así lo reporta la organización no gubernamental “Causa en Común”, en su más reciente conteo de la investigación denominada “Atrocidades registradas en medios”.
De esa manera, la ONG define una “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.
De acuerdo a la estadística, en el periodo evaluado Tamaulipas ha registrado 11 masacres como se define al asesinato de tres o más personas en un mismo evento.
Entre las 25 atrocidades se incluye también el asesinato de un migrante, un homosexual, dos homicidios de actores políticos, el hallazgo de una fosa clandestina; el crimen de una mujer y tres descuartizamientos de personas y dos asesinatos de funcionarios públicos.
A nivel nacional suman 2,712 atrocidades con 2,817 víctimas.
Entre las atrocidades documentadas destacan el hallazgo de 509 fosas clandestinas; 461 casos de tortura; 343 descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 248 personas calcinadas; 239 masacres y 235 asesinatos de niños, niñas y adolescentes.
Los estados con más hechos de violencia de esas características son : Guanajuato con 358; Jalisco con 345; Chihuahua, 191; Veracruz, 180 y Michoacán, 171.
La incidencia de atrocidades ha venido aumentando de forma preocupante cada mes.
Por ejemplo, en enero fueron reportados 469 casos; en febrero, 488; en marzo, 527; en abril, 457; y en mayo 671.
“Este mosaico de atrocidades muestra lo equivocadas que son las explicaciones generalizantes y reduccionistas sobre las violencias en nuestro país. Más allá de factores comunes obvios, como la producción social de patologías y la impunidad, la mitología prevaleciente, sintetizada en imágenes como las de “el narco” o los “carteles”, nubla y distorsiona realidades complejas en las que interactúan instituciones, grupos criminales, liderazgos de distinto tipo, mercados formales e informales, y comunidades lastimadas por una vida social y política que se expresa mediante acciones y relaciones frecuentemente violentas” advirtió “Causa en Común”.
Y añadió: “Desde luego, se requieren políticas nacionales que permitan elevar y homologar capacidades y procedimientos policiales y ministeriales, pero igualmente son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país”.
