Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Tamaulipas es una de 18 entidades del país que presentan “avances limitados” en el cumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal a pesar de que han transcurrido cinco años desde su publicación, denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Por esa razón, el organismo nacional hizo un enérgico llamado a los gobiernos estatales, para que realicen actividades sustantivas que den cumplimiento a la Ley y con ello garantizar una efectiva reinserción social a favor de las personas privadas de la libertad.
“A cinco años de la publicación del mencionado instrumento jurídico, se observan avances limitados en su cumplimiento y la contravención o la falta de acciones sustantivas por parte de algunas comisiones intersecretariales” precisó.
Además de Tamaulipas, los otros estados que se encuentran en situación de rezago son: Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Veracruz.
“Esta Comisión Nacional identificó que no se ha dado cuenta de la instalación y trabajo realizado por el Comité para la Implementación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Ejecución Penal y que, aun cuando la Ley contempla las libertades condicionada y anticipada, la sustitución y suspensión temporal de las penas, permisos humanitarios, preliberación por criterios de política penitenciaria y justicia terapéutica, entre otros aspectos, en la práctica persiste el desconocimiento de dichos recursos entre la población penitenciaria” detalló.
Además, existe falta de acceso a una defensa adecuada, y se han detectado carencias en la infraestructura de algunos centros penitenciarios que albergan a mujeres y hombres en condiciones deplorables.
“Se detectó también falta de asignación de recursos suficientes para garantizar las necesidades básicas de las personas privadas de la libertad a partir de su contexto geográfico, económico, pluricultural; su edad, género, preferencia sexual, situación de discapacidad, enfermedades crónico-degenerativas o su condición de embarazo” refirió.
Cabe señalar que, en mayo pasado, la CNDH reprobó, por tercer año consecutivo, el sistema penitenciario de Tamaulipas, cuya calificación fue de apenas 5.24.
De acuerdo con el diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, los penales de Tamaulipas no garantizan la integridad de los internos; no otorgan una estancia digna; carecen de condiciones de gobernabilidad, y no son garantía para la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Lo anterior, porque no cuentan con programas para la prevención y atención de incidentes de violencia. También presentan insuficiencia de personal de seguridad y custodia y no cuentan con una adecuada clasificación de los internos.
