Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Las defensorías públicas padecen un abandono presupuestal por parte de los gobiernos, lo cual impide que realicen una labor eficaz, denunció la organización no gubernamental, “México Evalúa”.
Por ejemplo, las defensorías públicas reciben seis centavos por cada peso que reciben las fiscalías para operar.
“A 13 años de la reforma del sistema de justicia penal y cinco años de plena vigencia en todo el país, la asimetría entre las capacidades de las fiscalías y las defensorías públicas no se ha remediado; al contrario: se ha acrecentado. El presupuesto para el sector es prueba de ello: las defensorías públicas reciben, en promedio, seis centavos por cada peso que reciben las fiscalías para operar” detalló.
Además, los pocos recursos que reciben las defensorías públicas, los destinan a financiar nóminas o gasto corriente, cancelando la posibilidad de aumentar su capacidad instalada o de invertir en su modernización.
“La mayoría de los esfuerzos para consolidar el sistema de justicia penal acusatorio se han dirigido a las procuradurías y fiscalías. Esto no se ha acompañado de acciones para fortalecer a la parte defensora, la cual enfrenta importantes limitaciones de recursos, lo que pone en riesgo la defensa penal efectiva y la posibilidad de un juicio justo” añadió la ONG.
Detalló que, cada año el presupuesto de las defensorías públicas en México se reduce. Por ejemplo, en 2020 se redujo 1.5% en términos reales comparado con 2019.
Otro factor que impide una defensa penal efectiva es la insuficiencia de personal en las defensorías para cubrir la carga de trabajo.
“En promedio, cada defensor público representa a 163 imputados por año a nivel nacional” mencionó
Por ello, la exigencia a los gobiernos estatales es a garantizar condiciones de autonomía para las defensorías, para que no dependan presupuestalmente de un poder judicial ni de una entidad del Ejecutivo; así como a dotarlas de presupuesto suficiente y de un plan de profesionalización para los defensores.
