Por Redacción Noticentro
Olga Sosa Ruiz, candidata de Morena a la Alcaldía de Tampico, utilizó recursos públicos e infraestructura de programas de la Cámara de diputados para impulsar su campaña y promoción en las redes sociales, publicidad así como en su estrategia electoral.
De acuerdo a la denuncia que se inició en el Instituto Electoral de Tamaulipas, la candidata de Morena deberá comparecer por el uso indebido de recursos públicos y transgresión al principio de neutralidad.
El IETAM dio entrada el pasado 28 de mayo a la denuncia presentada por Jorge David Segura Arias, por la supuesta comisión de las infracciones establecidas en la fracción III del artículo 304 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cometido por la diputada federal con licencia y actual candidata a la Presidencia Municipal.
Con ello y dentro de la querella, se abrió el Expediente PSE-58/2021 y Acumulado PSE-85/2021, que estableció el Acuerdo de Admisión, Emplazamiento y Citación del Ietam, en donde se contiene la investigación realizada para determinar la posible responsabilidad de la diputada federal con licencia, respecto a las acusaciones de utilización ilegal de recursos públicos en su campaña política.
La denuncia presentada en contra de Olga Sosa considera que ha incurrido en diversas violaciones a la Ley Electoral de Tamaulipas, y a la Constitución Federal, relacionadas con el uso de programas federales y sus recursos, para fomentar el voto a su favor y de un partido político.
En la acusación a la candidata de Morena se hizo constar con pruebas fehacientes y una diligencia realizada por el Ietam, que Olga Sosa incurrió en varias violaciones a la ley para promoción del voto a su favor y del partido que la postula, pues se configuran los posibles delitos electorales que la ley considera en estos casos.
El denunciante de Olga Sosa consideró que la diputada federal con licencia y candidata de Morena a la Presidencia Municipal de Tampico se ha aprovechado de recursos y programas públicos para beneficiarse en la campaña, además de generar condiciones de inequidad en la competencia electoral que están penados por las leyes federales y estatales.
