Por Rogelio Rodríguez Mendozz.
Ante el preocupante incremento de feminicidios, y en general de la violencia contra la mujer, es urgente una reforma de ley que permita que las órdenes de protección sean autorizadas con rapidez y sin estar condicionadas a que la víctima presente algún tipo de denuncia.
La organización no gubernamental “Equis.org.mx” señaló que el hecho es urgente, porque una orden de protección otorgada con oportunidad puede evitar que un hecho termine en fatalidad.
Para ello, la ong presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La acción legislativa contiene seis propuestas relevantes: uno, exponer la necesidad de que las órdenes de protección se regulen y apliquen bajo un enfoque interseccional, que permita observar de manera diferenciada cómo la violencia de género atraviesa a las mujeres y niñas que pertenecen a grupos sociales históricamente discriminados: mujeres y niñas indígenas y afro mexicanas, con discapacidad, migrantes y pertenecientes a la comunidad LGBT.
Plantea en su segundo punto, cambiar la narrativa de las órdenes de protección a través de su desvinculación con el ámbito penal y civil o familiar.
“Las órdenes de protección son un derecho humano que no debiera estar sujeto a la presentación de una denuncia o querella o a la presentación de una demanda” precisó.
Una tercera propuesta es incorporar el estándar del posible riesgo. Eso significa que para dictar una orden de protección, basta que existan indicios de que la mujer o niña podría encontrarse en peligro.
“No es necesario que la vida de las mujeres esté comprometida, pues es precisamente esta situación la que las órdenes de protección intentan prevenir” indicó.
El cuarto planteamiento es incorporar la figura de las órdenes de protección definitivas, que responden a aquellos casos en los que la violencia se ha manifestado por un periodo prolongado de tiempo y, por tanto, las mujeres o niñas requieren protección a largo plazo.
En su quinto punto, la iniciativa busca reconocer que las órdenes de protección pueden utilizarse de forma complementaria a otros mecanismos de protección judicial, en la materia penal, civil, administrativa o familiar.
Finalmente, la organización social destaca la necesidad de favorecer la accesibilidad de las órdenes de protección, para lo cual, se busca facultar a los jueces calificadores y de paz municipales, así como a las autoridades de los pueblos o comunidades indígenas, para emitir órdenes de protección, por tratarse de las autoridades más cercanas a las mujeres.
En la exposición de motivos, destacó que en 2016, el 78.6% de las mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual por parte de su pareja actual o última no solicitaron apoyo a instituciones y no presentaron una denuncia1.
